LOS ANDES (27/10/2026).- El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes integrado por los magistrados María Fernanda Cornejo, Cristián Cáceres Castro y Carlos Muñoz Iturrieaga resolvió condenar a una pena global de más de doce años de cárcel a dos transportistas mendocinos acusados por el Ministerio Público de los delitos de tráfico de armas y contrabando.
De acuerdo a los antecedentes expuestos durante el juicio a los cuales tuvo acceso en exclusiva Los Andes Online, el hecho se registró el 4 de noviembre de 2024, cuando los ahora condenados A.S.A. y F.A.G. ingresaron a territorio nacional a bordo de un camión de transporte internacional procedente de Mendoza.
Durante la revisión de la cabina del vehículo de carga, los fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas hallaron detrás del asiento del conductor una mochila conteniendo un cargador de pistola para treinta tiros.
A raíz de ello continuaron con la revisión, encontrando en el interior de un bolso dos pistolas de 9 milímetros marca Glock con sus números de serie borrados, seis cargadores con gran cantidad de municiones del mismo calibre, entre estos uno de tambor, y también una importante cantidad de piezas de armas de fuego.
Tanto el conductor como su acompañante dijeron desconocer el origen del armamento, ya que el bolso y la mochila se los había entregado un tercero antes de cruzar la frontera en territorio argentino.
No obstante ello fueron formalizados por los delitos de tráfico de armas y contrabando, quedando ambos en prisión preventiva.
Luego de casi dos años de investigación liderada por el fiscal Ricardo Reinoso Varas los dos transportistas trasandinos fueron llevados a juicio y con las pruebas aportadas se dio por suficientemente acreditados ambos delitos.
De esta manera el tribunal resolvió condenar a F.A.G. a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y a A.S.A. a 5 años y 1 día de cárcel.
El cumplimiento para ambos deberá ser de forma efectiva y sin beneficios extramuros, además de ordenarse la incorporación de su huella genética al registro nacional de ADN de personas condenadas a pena crimen.
No obstante, se les abonarán los 722 días que estuvieron en prisión preventiva.
La sentencia estableció también la cancelación de todas las inscripciones de armas de fuego a nombre de los condenados, debiendo comunicarse esta resolución a la Dirección General de Movilización Nacional.
Finalmente los transportistas deberán pagar las costas que conllevó la realización del juicio oral.
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