LOS ANDES.- El abogado querellante en el caso del trabajador Williams Cádiz Pérez, quien resulto tetrapléjico a raíz de una puñalada propinada por un adolescente, José Villagrán Reyes, manifestó que dado que los menores de edad tienen un estatuto especial que regula su comportamiento frente a un hecho criminal, “las penas que se le imputan no son de cárcel necesariamente, sino que están orientadas a resocializarlos”.
Villagrán, quien fue ex fiscal del Ministerio Público especialista en delitos de menores, manifestó que pese a las condiciones de postración de por vida en las cuales quedó la víctima, “el hecho ejecutado por este menor es horroroso y ciertamente ninguna sanción penal va a reparar el daño que causó, pero lo cierto es que la norma en la ley que está vigente es la única sanción que se puede aplicar en estos casos”.
Precisó que cuando el daño ocasionado por un menor tiene este nivel de perjuicio pareciera ser que ninguna pena es suficiente, “pero el tribunal escuchando ambas partes determinó finalmente una sanción de dos años en régimen semi cerrado, ya que si hubiese sido un adulto estaría preso por estos hechos, pero como es menor la pena baja ostensiblemente”.
Villagrán expresó que a la luz de estos casos resulta conveniente estudiar si la sanción en casos como este es realmente justa, “pues habría que hacer algún tipo de diferencia entre los delitos de sangre y delitos como estos en que dejan a una persona joven, en la flor de su vida, imposibilitado para siempre y desde ese punto de vista no somos los abogados quienes legislamos y sólo aplicamos la norma”.
Por ello consideró urgente que los parlamentarios analicen las sanciones aplicadas a los adolescentes en casos tan graves como este, “pues de alguna manera las víctimas quedan en la indefensión y los jueces lo que hacen es aplicar el espíritu de la ley, pero la ley que tenemos no basta y por eso es importante que la ciudadanía organizada solicite a sus parlamentarios para que se tomen cartas en este asunto y se puedan introducir cambios en esta ley”.
El jurista recordó que leyes como ésta deben estar en constante reformulación, “pues en países europeos por ejemplo, la edad penal comienza a los 10 años, entonces en nuestro país se establece en los 14 años y ciertamente hay un número importante de delitos que son los robos, hurtos o lesiones menores el derecho penal es inapropiado para sancionar adolescentes, pero no obstante delitos de sangre como homicidio o en que el perjuicio es tal que una persona queda postrada para el resto de su vida, pareciera ser que la sanción penal no es suficiente”.
Afirmó que en casos como éste pareciera que el derecho penal no está del todo resolviendo el conflicto entre las partes, “y desde ese punto de vista sería interesante que los diputados de esta zona, el señor Rivas y el señor Núñez puedan abordar este problema que no sólo se da en Los Andes, sino que en todo Chile y propiciar ajustes a ley penal adolescente”.
Ejemplificó que en el caso de Williams Cádiz su familia está sufriendo enormemente y la comunidad no está satisfecha con la condena, “ y este es un tema nacional que deben resolverlo las autoridades nacionales en nuestro congreso, porque se debe actuar a la brevedad y no estoy hablando necesariamente de la cárcel para los menores, sino de medidas de mayor intensidad”.
El abogado manifestó que al menos en el valle de Aconcagua debería existir un centro de menores donde poder recluirlos en caso de delitos graves como este, “porque ciertamente cuando estamos hablando de penas con régimen semi cerrado, eso obliga al imputado menor de edad a viajar hacia Limache donde esté el Lihuen, lo que hace difícil su cumplimiento efectivo, además de ser inseguro”.
Argumentó que estos hechos de connotación pública deben mover a las autoridades a reaccionar y hacer frente a una problemática que crece día a día, sobre todo cuando cada vez más adolescentes se están viendo involucrados en hechos delictuales gravísimos.
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