LOS ANDES (17/01/2012).- En el Tribunal de Garantía de Los Andes fueron formalizados por el delito de contrabando reiterado cinco altos ejecutivos del Holding Cencosud por la internación de toneladas de alimentos no perecibles bajo la denominación de “Ayuda Humanitaria” para los afectados del terremoto de Febrero de 2010, eludiendo de esta manera el pago de impuestos.
Entre los días 3 y 30 de Marzo de 2010 a través del paso Cristo Redentor entraron a territorio nacional un total de 183 camiones cargados con alimentos no pericibles los cuales venían rotulados como “Ayuda Humanitaria” o donación, eludiendo así el pago de impuestos.
Posteriormente el Holding vendió a la Oficina Nacional de Emergencias estos productos para ser entregados a los damnificados por el terremoto, obteniendo millonarios ingresos.
De esta manera el Consejo de Defensa presentó una querella en contra del holding Cencosud por los delitos de contrabando y fraude.
De esta forma, este Jueves fueron formalizados por estos ilícitos en calidad de reiterados los ejecutivos Sandro Rossi Witteman, Carolina Reinoso Carrasco, Pablo Vergara Yañez, Daniel Rodríguez Cofre y Germán Gotte Jara.
Además, a Rossi se le imputa también el delito de fraude al fisco.
El fiscal que llevada adelante el caso, Jorge Alfaro, indicó que el fisco dejó de percibir cerca de un millón de Dólares por concepto de impuestos, parte de los cuales fueron pagados en forma extemporánea en el mes de Septiembre del mismo año una vez que la Contraloría fiscalizó a la Onemi detectando que estos derechos aduaneros no habían sido cancelados.
El persecutor señaló que para Cencosud esto no fue nunca una donación, sino que formó parte de una operación comercial, “pero aun faltan antecedentes que esperamos recabar durante el plazo de investigación”.
Alfaro sostuvo que hay dolo en el procedimiento sabiendo que se trataba de una operación comercial y la declararon como donación, “pues ellos sabían que era una venta desde el primer día, pero ellos declaran que es una donación de parte de ellos que nunca fue”.
Precisó que en Argentina también se desarrolla una investigación penal paralela porque los productos salen sin pagar derechos de exportación.
Agregó que las mercaderías ingresaron a nuestro país con un valor de mercado que asciende a poco más de 4 millones de Dólares.
Alfaro dijo que en su momento Aduanas pensó que se trataba efectivamente de una donación, no así la Onemi, “puesto que ellos estaban pagando por esta mercadería, por lo que entendemos que aquí hay una defraudación y por eso estamos investigando”.
El fiscal expuso que los imputados en caso de ser condenados arriesgan una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, no obstante que por tener atenuantes la condena sería menor.
Por su parte, uno de los abogados de los imputados, René García, sostuvo que la formalización es parte de un trámite judicial normal y ahora recién saben los hechos por los cuales los ejecutivos son investigados, ya que anteriormente ni siquiera habían sido llamados a declarar.
El Tribunal fijó un plazo de investigación de dos meses y todos los ejecutivos quedaron con la medida cautelar de firma bi mensual.
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