Considerando que en estos últimos días, por parte del oficialismo, se han levantado voces altisonantes manifestando su disconformidad por personas que perciben una pensión como exonerado, cuando sus antecedentes son cuestionados, significando un costo económico al Estado. Para redondear su animosidad, culpan a parlamentarios de emitir certificados respaldando estas anomalías, cuando legalmente les está permitido.
Para que entendamos esta situación, volvamos a un principio. El parlamento ha aprobado tres leyes: la primera, considera a los que fueron despedidos de su trabajo por su simpatía o militancia con un partido de la Unidad Popular; después, la segunda, amplía este abanico, a todos aquellos que ocupando un cargo público, fueron cesados por el régimen militar, (ejemplo: los honorables, por cierre del parlamento) y, finalmente, la tercera, a los miembros de las fuerzas armadas y de orden. Todas estas leyes comprenden el período del 11 de septiembre de 1073 hasta la asunción de don Patricio Aylwin como presidente.
Los antecedentes para tener la calidad de exonerado son:
1) presentar al Ministerio del Interior la narración de la situación vivida, documentos que avalen el cuento y certificado de militancia ó simpatía emitido por un Partido Político, también puede ir acompañado de un certificado de un parlamentario.
2) Aceptado los antecedentes por el Ministerio, este envía certificado al solicitante reconociéndole su calidad de exonerado político; a la Contraloría, para toma de razón y al IPS, para estudiar los posibles beneficios.
3) Con el certificado Ministerial, el trabajador solicitaba en la zonal de salud la emisión de la credencial para él, cónyuge, hijos y nietos (en algunos casos) del Prais (programa de reparación integral de salud).
Ahora, vamos al costo que le significa al estado chileno, el cumplir con los tratados internacionales, que especifican que hay que reparar por el daño causado (continuará).
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