Viernes, 29 de Marzo de 2024  
 
 

 
 
 
Opinión

Gobernar es educar

Por Asamblea Radical de Los Andes.


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Durante años de hegemónica marea neoliberal, impuesta por la fuerza al país y al conjunto de sus diversas actividades, la Educación perdió su condición de derecho fundamental de los chilenos, de vehículo de movilidad social, de herramienta integradora de la población, de principal impulsora de una más justa distribución de la riqueza nacional, así como otros muchos valores éticos que son de su esencia y sin los cuales su trascendencia y sentido se difuminan.

Todo lo anterior devino en conceptualizar a la Educación como un simple bien de consumo, susceptible de ser tranzado en  el mercado como cualquier otra mercancía. Este incalificable y devastador error, atribuible principal, cuando no exclusivamente a la dictadura militar,  se manifestó a partir de la Reforma Educacional de 1981 y ha significado para el país en su integridad un daño de incuantificables proporciones y cuyas consecuencias se advierten ominosas si se continúa difiriendo su costosa y difícil reparación.

El radicalismo rechazó desde la clandestinidad y lo ha continuado haciendo invariablemente hasta la fecha, esa visión libremercadista, abusiva e injusta de la Educación. Por lo mismo, no claudicará jamás en sus principios a este respecto, los mismos que le permitieron hacer de Chile
“el faro de América” en materia educacional gracias al esfuerzo desplegado por sus cuatro administraciones bajo el lema expreso o tácito, acuñado por Valentín Letelier y nacionalmente difundido por el Presidente Aguirre Cerda, de que “Gobernar es educar”.


Hoy, felizmente, se abre la posibilidad de iniciar esa ardua tarea rectificadora, al alero de la voluntad de cambios que, inspirados en el interés general, en la solidaridad y en la construcción de un mejor futuro para Chile y su pueblo,  ha sido reiteradamente expresada tanto  por los
estamentos vinculados directamente con la Educación, como también por la inmensa mayoría del colectivo social.

Esta posibilidad debe ser aprovechada, en especial por el PRSD, el que a lo largo de siglo y medio de historia ha concebido la Educación, siempre en un primer plano de sus preocupaciones, como un “derecho social” básico e inalienable, el que así entendido debe ser considerado parte de los
denominados “derechos económicos, sociales y culturales”, que han sido reconocidos y ratificados por Chile en diversos instrumentos y contenciones del sistema mundial e interamericano de derechos humanos.

En tal predicamento, los radicales reiteramos nuestro irrestricto apoyo a la tarea de restituir a todos los miembros de la nación, con la urgencia y celeridad requeridas, el derecho a la Educación y apoyamos sin reservas la idea de impulsar una profunda Reforma Educacional, cuyo objetivo final sea mejorar la calidad de nuestra Educación, cada vez más precaria, y promover  su gratuidad con el fin de asegurar que nadie sea marginado de este derecho por carecer de los recursos económicos que hoy son indebida e ilegítimamente exigidos para obtenerlo.

Dicha empresa no solamente es justa, necesaria y urgente, sino también plenamente factible, puesto que al contrario de lo que podía argumentarse conceptual y económicamente en el pasado para soslayar su impostergable materialización, en la actualidad ella forma parte de una demanda ciudadana que no es posible continuar desoyendo, representa carencias incontrovertibles que ensombrecen el futuro del país y su costo puede ser absorbido por el erario, gracias a la posibilidad de implementar una reforma tributaria.

En ese contexto, es posible afirmar con plena certeza, que en esta etapa de nuestro desarrollo, que nos acerca a diversos países del primer mundo y a los avances tecnológicos cada día más vertiginosos, nada impide acometer el desafío de extender la cobertura del derecho a la
educación a todos sus niveles, incluido el superior, un hecho que es reforzado por la circunstancia de que el país cuenta con valiosos recursos naturales, como asimismo con un cuantioso capital en dólares traducido en fondos soberanos y, particularmente, en los correspondientes al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

En cuanto a sus principios orientadores, este derecho social debe caracterizarse por la provisión de una Educación alineada con los valores de una Constitución Política genuinamente democrática, que garantice  el derecho a estudiar a todos los integrantes de la nación. Luego, es
pertinente afirmar que el país aspira a una Educación de calidad, inclusiva, gratuita, laica, formadora de ciudadanos con vocación democrática y fundamentalmente provista por el Estado.

A la luz de lo expuesto, el PRSD afirma que es indispensable que la Educación en nuestro país cuente con los atributos antes enunciados.

  


 
 
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