Hoy en día nos hemos encontrado con diversas manifestaciones de repudio por parte de algunas autoridades en contra de la empresa de Parquímetros, que desempeña labores en Los Andes. Comprendo perfectamente la situación de la cual me he involucrado muchísimo y la repudio, es más, hemos sido un poco más practico enviando informes al SERNAC y a la Contraloría General de La República (investigación especial N° 43 2013) la cual arrojó buenos resultados.
Uno de esos resultados y el más relevante es el cobro y la responsabilidad que tiene la empresa con los usuarios.
Resulta que la empresa nos cobra una tarifa no regulada por ordenanza Municipal en donde el Municipio incurrió en una falta grave al no tener normada y publicado el cobro actual. La tarifa vigente según el informe enviado por la Contraloría General de la República es de $170 zona alta y de $130 zona baja lo cual queda estipulado por la única ordenanza vigente dictada el 10 de Septiembre del 2003 que fue aprobada a través de un acuerdo en sesión ordinaria N°89 .
Hoy en día nos cobran casi tres veces $357 y es netamente responsabilidad del Municipio regularizar dichos cobros por intermedio del Consejo Municipal. Lo cual a la fecha no ha ocurrido y al parecer tampoco existe voluntad de hacerlo. Adicional a esto el contrato está ligado directamente a la Construcción de la Calle Arturo Prat, en dicho contrato queda estipulado y obliga a la empresa a desarrollar las obras de pavimentación de dicha calle, sin embargo, existe un clausula en donde la empresa señala que si las obras son superior a la suma del contrato 1.200 millones, ellos se desligan de la construcción entregando los dineros al Municipio para que este se haga cargo.
El análisis realizado por el SERNAC al contrato de estacionamientos reflejó y evidenció derechos que tienen los consumidores, los cuales no están estipulados en el contrato.
La empresa está obligada a responder por daños o perjuicios generados al consumidor, también la empresa es responsable por robos o daños cometidos a los vehículos. Tengo en mi poder más de 400 consumidores desconformes, ya sea por cobros inexistentes, por daños o robos cometidos a sus vehículos en donde la empresa da por respuesta que no se hacen responsables, siendo que este es un derecho del consumidor. Me duele una enormidad leer a un Concejal que llama a realizar una revisión a los contratos de licitación de dicha empresa, siendo que él tiene en sus manos el informe hace meses (Mayo 2014) de la Contraloría en donde refleja claramente las irregularidades.
También destaco la intervención que realiza el Señor Octavio Canales Guevara, Abogado, quien realiza un llamado a los Andino a sacar el permiso de circulación en otras Comunas. Es una estupidez querer realizar una mejora de esta manera ya que daña a todos los andinos.
El municipio andino recauda anualmente cerca de 1.000 millones concepto de permisos de circulación, lo único que lograremos al realizar ese tipo de llamados es dejar sin recursos a nuestra Ciudad afectando aún más la calidad de vida de los Andinos. El tema y la solución pasa por otras instancias, hay que proponerlas.
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