Viernes, 19 de Abril de 2024  
 
 

 
 
 
Opinión

¿Obligatorio o voluntario ?

Por Alexis Pallauta Gómez.

 

 

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El 31 de Enero de 2012 entró en vigencia la modificación a la Ley 20.568 que determinó la inscripción automática y el voto voluntario, a contar de la elecciones municipales de 2012, lo que provocó un cambio bastante profundo en la forma de enfrentar el tema electoral, pues más allá de a quién favoreció y a quien perjudicó, liberó de carga punitiva a un sector ciudadano que no siente la necesidad de participar en el acto eleccionario, lo que viró radicalmente el foco o centro de la forma de enfrentar las campañas electorales, pues además de mostrar que un candidato era mejor que otro, también obligó a los candidatos, partidos y coaliciones a realizar la tarea de convencer al ciudadano de la necesidad o importancia de que fuese a votar.

Es un hecho histórico que en 2012, la cantidad de gente que efectivamente acudió a emitir su voto bajó ostensiblemente respecto de la elección municipal anterior y en la elección parlamentaria y presidencial posterior, en donde resultó electa Michelle Bachelet, la abstención o gente que no acudió a votar fue del 58,02 %, es decir, más de la mitad de la gente habilitada para votar no concurrió a sufragar.

Para algunos, este hecho podrá ser una anécdota, pero creo que reviste un peligro potencial que no debemos menospreciar. Por de pronto nos dice que la mayor parte de la gente (más de la mitad) no consideró necesario, importante o útil acudir a expresar su opinión respecto de quienes debían conducir los destinos de su comuna, distrito, región o país (según sea el caso), lo cual, sin ningún ánimo de ser alarmista, finalmente denota poca credibilidad en el sistema social y político, particularmente en las personas que se han dedicado a la actividad pública.

Estamos claros que el sistema no es perfecto, que tiene sus ripios, vicios y vacíos, pero también debemos ser muy fríos y objetivos al evaluarlo, y llegaremos al convencimiento que es el mejor sistema conocido, o al menos el que más garantías ofrece, pues fuera de la democracia caeremos, indefectiblemente, en totalitarismos, caudillismos, dictaduras, etc… muchas de cuyas malas experiencias hemos visto en Latinoamérica.

Un aspecto fundamental y potencialmente riesgoso lo constituye el hecho de que al existir un nivel tan alto de abstención, la representatividad de los candidatos(as) electos(as) se ve seriamente cuestionada, por tanto habrá siempre una “mayoría” no representada por él(ella).

Es así, por ejemplo, que en la última elección presidencial, Michelle Bachelet resultó electa en segunda vuelta con el 62,16% de los votos, por sobre Evelyn Mathei que obtuvo el 37,83%, sin embargo la participación de votantes en la elección fue sólo del 41,98% de los electores habilitados para votar. Esto significa, en buen chileno, que en REALIDAD, Bachelet resultó electa por sólo el 26,09% de los electores totales, lo cual está muy lejos del “arrase” que pregona la Nueva Mayoría y por tanto no estamos frente a una Presidenta que detente una inmensa adhesión o apoyo electoral (como reza la propaganda oficialista), sino que, por el contrario, existe una inmensa población (electoralmente habilitada) que no votó por ella, esto es 73,91%.

Como pueden darse cuenta, las frías cifras denotan o explican parte de los hechos que hemos estado viendo últimamente, esto es: movilizaciones, paros y descontento por la obstinación gubernamental en llevar adelante sus reformas “refundacionales” en educación, sistema tributario, sistema electoral, etc… explicado por el hecho de que una gran mayoría ciudadana (73,91%) no votaron por ella ni su proyecto y, sin embargo, sufrirán o está sufriendo sus consecuencias.

 

Esta circunstancia reafirma mi creencia de que el voto no es un derecho sino un DEBER, pues todo ciudadano debe hacerse cargo y partícipe del destino de su país (comuna, distrito, región…), aunque sea expresando disconformidad a través de los mecanismos que la votación siempre ha tenido (voto nulo, voto blanco), por tanto el voto debiese ser OBLIGATORIO, para asegurar que los resultados sean, efectivamente, representativos de la voluntad de los ciudadanos y que por tanto la adhesión o no a sus programas y propuestas sea REAL, y no como ahora en que es absolutamente irreal.

No me atrevo a decir cuándo ni cómo, pero creo que se debe evaluar seriamente el reponer la obligatoriedad del voto ciudadano, pero también creo que deben considerar fórmulas para hacerlo atractivo, por ejemplo: juntando votación a Alcalde, parlamentario, etc.. con consultas acerca de temas ciudadanos relevantes, o dar facilidades para que la ciudadanía sufrague (implementar voto electrónico, anticipado, durante varios días, etc…) Creo que es muy relevante hacer todos los esfuerzos necesarios y estudiar todas las posibilidades factibles que aseguren y faciliten resultados electorales que representen la voluntad de TODOS los ciudadanos. Debemos, también, entre todos, cuidar y reforzar nuestro sistema político-electoral, especialmente quienes ejercen la actividad pública, a través de un actuar ético, de interés real en buscar solución a los problemas ciudadanos, de eliminación de la demagogia, de no aprovechamiento de situaciones de poder en beneficio propio, etc… en otras palabras, en hacer de la política un real y notorio “servicio público”, única forma en que la gente valore y ejerza con convencimiento su DEBER de votar.

Entonces, en este contexto, es que hago un llamado a la Presidenta, a los personeros de gobierno y de la Nueva Mayoría, a tomar conciencia de que su “tremenda mayoría de apoyo” es sólo teórica (o retórica), NO ES REAL, y por tanto es necesario que hagan un ejercicio de humildad y prestar oídos a las propuestas y observaciones de todos, pues debe gobernar para TODOS, no sólo para el 26,09% real que votó por ella, de lo contrario a la ciudadanía sólo le quedará el camino (que ya ha estado usando) de expresar fuertemente, y por todos los canales válidamente posibles, sus puntos de vista, sus peticiones y discrepancias, aún a riesgo de intranquilizar el ambiente, para evitar que, haciendo uso de su mayoría parlamentaria, el gobierno imponga sus reformas, contra todo y contra todos.

 

 

 


 
 
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