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Policial

Jubilado sufre brutal agresión en la vía pública a manos de su yerno

Atacó a su suegro con un objeto contundente provocándole una grave fractura en el brazo derecho.

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El imputado quedó con arresto domiciliario total.

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LOS ANDES (27/02/2015).- Con lesiones graves en uno de sus brazos resultó un jubilado de 68 años que fue atacado con un objeto contundente por el marido de su hija, tras sostener una airada discusión en plena vía pública.

Conforme a los antecedentes que obran en la carpeta investigativa del Ministerio Público, los hechos se produjeron el pasado miércoles a las 13:40 horas, cuando la víctima E.P.S.V. (68) transitaba por calle Combate Naval de Iquique esquina Miraflores en la villa La Gloria fue abordado por su yerno, el empresario de iniciales R.H.R.B. (42), quien premunido de un objeto contundente procedió a golpearlo en el rostro y diferentes partes del cuerpo.

 A raíz de la golpiza la víctima cayó al piso quedando tirado en la vía pública, mientras que el agresor se dio a la fuga en su lujoso automóvil Mercedes Benz.

La feroz agresión fue presenciada por una residente de esa villa que llamó a Carabineros, quienes rápidamente se constituyeron en el lugar y asistieron a la víctima que estaba tendida en el piso.

Producto de la golpiza el jubilado resultó con policontusiones, herida contusa de cuero cabelludo y fractura cúpula radial del brazo derecho con deformidad de carácter grave, constatado por el médico de turno del servicio de urgencia del hospital San Juan de Dios hasta donde fue trasladado.

Tras el ataque el propio empresario se dirigió hasta la Tercera Comisaría de Carabineros donde informó del hecho, siendo detenido por el delito de lesiones.

Petición de prisión preventiva.

El imputado pasó a control de detención el día jueves en el Tribunal de Garantía de Los Andes donde la fiscal Gabriela Fuenzalida lo formalizó por el delito de lesiones graves consumadas  en contexto de la ley de violencia intrafamiliar.

La persecutora solicitó al tribunal la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva por constituir la libertad del empresario un peligro para la seguridad de la sociedad y por constituir un peligro para la propia víctima.

Fundamentó esta petición en que el imputado registra una condena a 61 días de presidio remitido   dictada por Tribunal de Garantía de Los Andes por el delito de amenazas en contexto de la ley de violencia intrafamiliar, además de registrar un proceso pendiente por el delito de desacato.

Mencionó la fiscal Fuenzalida que el empresario ya había tenido causas previas judicializadas en el tribunal donde ha agredido a su suegro y en las cuales en su momento el Ministerio Público decidió no perseverar.

Agresiones mutuas.

No obstante, la abogada defensora del imputado, Claudia Cueto Estay, se opuso a esta medida cautelar tan gravosa exponiendo que su representado, indicando que el día de los hechos fue la víctima quien se acercó hasta el empresario donde se produjo una discusión a raíz del pago de la matrícula de los hijos, “ hubo una agresión recíproca porque mi representado también presenta lesiones que fueron constatadas en la carpeta de investigación, sin embargo resultó con lesiones de mayor gravedad el suegro, pero fue una discusión y la supuesta víctima no es tan indefensa como se ha hecho parecer, en reiteradas ocasiones ha hostigado a mi representado y de hecho las causas mencionadas por la señora fiscal corresponden a denuncias por daños, lesiones y amenazas que en definitiva fueron terminadas por no perseverar, vale decir el Ministerio Público consideró que no habían antecedentes suficientes para continuar con la investigación en contra de mi representado y por eso comunicó dicha salida”.

La abogada expuso también que el proceso de desacato no estaba judicializado por lo que no debía tomarse en consideración.

Por ello, dijo que existen otras medidas  para asegurar los fines del proceso investigativo y la comparecencia de su representado, proponiendo otras cautelares menos gravosas.

Sopesadas ambas argumentaciones, la magistrado Carolina Encalada consideró excesiva la medida cautelar de prisión preventiva y decretó finalmente  la de arresto domiciliario total por los tres meses que durará la investigación.


 
 
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