LOS ANDES (13/03/2015).- Joyas y relojes de oro avaluados en casi 2 millones de pesos incautaron funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en el complejo Los Libertadores, los cuales iban a ser ingresados de contrabando para ser comercializados en el mercado negro.
La diligencia se efectuó en horas de la tarde del miércoles, cuando los funcionarios procedieron a revisar un bolso que portaba un pasajero de nacionalidad de Chilena que viajaba en un minibús de la empresa Nevada Cordillera que tenía por destino la ciudad de Santiago.
Al interior del bolso fueron encontradas un total de 207 unidades de anillos, collares, gargantillas, colgantes y relojes de oro o enchapados en ese metal, los cuales no habían sido declarados en el manifiesto aduanero firmado por el pasajero.
Estas especies fueron avaluadas preliminarmente en la suma de $ 1.988.595, no obstante ello podría varias una vez que sean periciadas y se establezca si son o no legítimas.
En virtud este delito flagrante el caso quedó en manos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, quienes arrestaron al propietario de las joyas identificado como Jorge Danilo Navarrete Corvalan, de 23 años, comerciante, domiciliado en la comuna de San Ramón en Santiago.
Al joven le fueron incautados también 12.500 Euros (Unos 8,5 millones de pesos chilenos) que tampoco había declarado.
El comerciante fue puesto en manos del Tribunal de Garantía de Los Andes donde el fiscal Jorge Alfaro lo formalizó por el delito de contrabando (Ver foto ampliada), solicitando las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en dependencias del Ministerio Público.
No obstante, el abogado del Servicio Nacional de Aduanas, Rubén Sepúlveda Zamudio pidió la prisión preventiva para el imputado debido al alto valor de las mercancías.
La abogada defensora, Lisette de la Fuente, se opuso a esta última cautelar, todas vez que argumentó que las joyas le habían sido dejada como herencia al imputado por parte de su abuelo.
Finalmente, la magistrado Carolina Encalada resolvió aplicar solo la firma y el arraigo, estableciendo un plazo de investigación de tres meses.
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