Para la mayoría de los trabajadores y profesionales, que integran la llamada clase media, acceder a la vivienda propia sigue siendo un asunto complejo, que demanda un gran esfuerzo, y que ciertamente está cruzado por un elemento común: la necesidad de contar con un porcentaje de ahorro previo.
Emblemáticos ejemplos de los antiguos sistemas de ahorro cooperativo los encontramos a través de villas e inmuebles distribuidos por todo el país.
Pero con el tiempo esos antiguos mecanismos se extinguieron y los instrumentos financieros pasaron a ser prácticamente la principal alternativa para la clase media. Al ahorro previo se sumaron entonces el crédito hipotecario y los eventuales subsidios del Estado para ayudar a las familias. Mejorar esos tres pilares, es la tarea que hoy hemos asumido con urgencia y decisión.
Para estimular el ahorro, hemos presentado una serie de modificaciones normativas que buscan incentivar su desarrollo y, de esa forma, bajar el riesgo y el costo de los créditos para los potenciales beneficiarios. En cuanto a los montos del subsidio, estos aumentan, mejorando el acceso de sus portadores a una más amplia oferta de viviendas. Y desde la perspectiva del crédito, la intencionalidad descrita se fortalece con una amplia batería de medidas adicionales, entre las que destaca una ya en curso, que consiste en premiar el pago oportuno de dividendos, con rebajas desde un 10% a un 20% de su monto.
Otra medida complementaria es la extensión del seguro de desempleo para que cubra al deudor en todo el período del crédito, siendo este de cargo fiscal. Las medidas se fortalecen además con el compromiso del Banco Estado de disponer para este año de US$ 1000 millones para financiar créditos hipotecarios, desde 100 UF, para la clase media emergente, iniciativa que permitirá darle competitividad al sistema y contribuir a dinamizar la economía.
Con todas estas medidas, el gobierno responde a su compromiso de facilitar a los sectores medios el acceso a la vivienda.
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