El Consejo Nacional de la Infancia fue creado por la Presidenta Bachelet apenas asumió su segundo mandato, como una clara señal de preponderancia dentro del programa de Gobierno. Es una instancia asesora que integra los esfuerzos de diversos organismos públicos, dirigiendo sus acciones hacia el establecimiento de un sistema integral de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia, donde el Estado cumpla el rol de garante. Queremos contribuir al desarrollo pleno de todas las niñas, niños y adolescentes que habitan el país y garantizar el ejercicio de derechos en un marco de corresponsabilidad entre el Estado, la familia, la comunidad, y la sociedad civil.
En ese contexto, el gobierno enviará prontamente al parlamento una Ley de Garantías de Derechos que guíe al Estado en el cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño para asegurar su ejercicio por parte de todos los niños, niñas y adolescentes del país.
Sin embargo el Estado como garante no puede ser el único protagonista: se requiere el rol primordial de la sociedad chilena para llevar adelante un cambio cultural en el que niños, niñas y adolescentes dejen de ser “menores” para convertirse en personas con derechos como los tienen también los adultos.
Con frecuencia llamamos “menores” a los niños y niñas definiendo su situación o realidad, pero esta definición no dimensiona la importancia de la niñez ni la conceptualiza como etapa fundamental del desarrollo humano, sino que los sitúa en una posición inferior donde no parece haber espacio para derechos. Por ello es que la convención los reconoce explícitamente como sujetos de derecho y otorga especial protección de los Estados parte, siendo responsabilidad de todos garantizar que así sea.
Que un niño/a pueda recibir una vacuna o atención médica oportuna, es su derecho irrenunciable a la salud y por ello, los adultos debemos velar porque así ocurra; Que un niño/a no trabaje ni mucho menos se le explote para ser víctima del comercio sexual, es su derecho a ser protegido y los adultos deben luchar contra cualquier forma de trabajo infantil o de maltrato; Que un niño/a no sea discriminado por su condición económica, social, religiosa o de cualquier tipo es su derecho y como adultos debemos hacerlo valer frente a situaciones de vulneración.
Son pequeños gestos los que permitirán construir desde lo cultural, social y político una sociedad donde no existan “menores” sino personas en desarrollo que requieren de afecto y protección.
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