Tras el deterioro del escenario económico nacional, y con la implementación por parte del Gobierno de diversas iniciativas que buscan acotar las expectativas políticas y sociales del gasto público 2016, como Hogar de Cristo le suplicamos al Estado no olvidar en su discusión presupuestaria a los cinco millones de chilenos que actualmente viven algún tipo de pobreza, ya sea multidimensional o monetaria, y más aún a aquellos 950 mil que sufren ambas pobrezas de manera simultánea.
Ya el erario público en 2015 ha sido insuficiente para abordar las profundas brechas existentes en relación a las necesidades de esta población. Ejemplo de ello son los subsidios destinados a las Residencias de Adultos Mayores, los cuales ascienden mensualmente a alrededor de $90.000 por persona cuando el costo de cada adulto en uno de estos dispositivos es de aproximadamente $650.000; brecha a la que se suma la existente en términos de cobertura, pues estos montos cubren sólo a seis mil personas mayores, en momentos que las estimaciones indican que son más de 15 mil quienes lo requieren.
Se trata en su mayoría de adultos mayores postrados que necesitan de cuidados socio sanitarios permanentes.
No hay que olvidar que la situación de la vejez en Chile es verdaderamente dramática, pues a las fragilidades y daños propios de la vejez (enfermedades físicas y mentales, pérdida de autonomía, alto consumo de medicamentos, pensiones solidarias de $85.000 mensuales), se suman las precarias condiciones de vida de ellos y sus cuidadores, principalmente mujeres, lo que hace realmente difícil sobrellevar la vida cotidiana.
Algo similar ocurre con los 21 mil niños, niñas y adolescentes pobres monetarios y multidimensionales que actualmente no asisten a un establecimiento educacional, y a quienes las discusiones reformistas han dejado totalmente afuera.
En este sentido, nuestro Sistema Educacional no contempla una modalidad de escuela de reinserción educativa que dé una respuesta pertinente a estos niños, considerando sólo opciones parciales como son los proyectos de re-escolarización.
Las escuelas de reinserción escolar existentes (sólo seis en el país), recibieron durante el 2015 una subvención aproximada de $90.000 mensual por niño cuando su costo es de $220.000 por estudiante; brecha financiera a la cual también se suma otra de cobertura, pues sumando todas las ofertas disponibles, hoy sólo es posible brindarle educación a 4.300 de los más de 21 mil que lo requieren.
A ellos claramente poco les importan las reformas y menos aún han salido a las calles a marchar contra un sistema que los excluye, pues su vida está marcada por la marginalidad, la calle, los abusos y ambientes poco protectores que requieren, precisamente, pensar como respuesta la escuela y no solo los exámenes libres, pues el problema no es puramente de alcance académico sino también socio cultural.
Ni hablar de las personas en situación de calle. Pese a que como país hemos ido avanzando en los apoyos dirigidos a este grupo de nuestra población, aún los recursos están mayoritariamente destinados a medidas transitorias durante el periodo invernal y no a soluciones que enfrenten este problema de manera permanente.
Es por ello que esperamos que las temidas restricciones presupuestarias que se anuncian para el 2016, no alcancen a poblaciones que se encuentran gravemente vulneradas de sus derechos, marginadas de los beneficios de un país en vías de desarrollo y muchas veces también excluidos de las políticas públicas.
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