Un distinguido minero de nuestro país trabajando en una asesoría para el Gobierno del Perú, me manifestó la inquietud de remitir unas breves ideas fuerzas, esperando sean una contribución, para contar con una mirada que opte por instar por mejoras consolidadas como política para dicha nación, en relación a nuestra industria admirada por el país vecino (pero que derechamente requiere adecuaciones necesarias en pro de sostenerlas en el tiempo). En este sentido me permito señalar:
1. A nivel constitucional, establecería a Perú como país “minero”, pero no tan sólo desde la óptica de la protección y/o consolidación de la propiedad minera, sino, definirla también en cuanto su operación, protección e incentivo de los proyectos que particularmente extienden necesariamente la vida útil de sus yacimientos en el tiempo.
2. Establecería un régimen administrativo de propiedad minera que contemplase la figura de la caducidad de la misma, en el evento que no sea explotada la concesión (5 años) más allá del pago o no de la patente minera anualmente.
3. Establecería desde ya un sistema de Royalty real en cuyo caso la tributación quede íntegramente contemplada en el asiento de la propiedad minera.
4. A mi juicio, la innovación “real” es clave y determina una forma y cultura de trabajar en que cada peso cuesta y duele y que todo lo que pueda hacerse en innovación debe ser una obligación en su desarrollo de forma complementaria al core bussines de la Compañía. (ejemplo: explotar si cabe energía geotérmica que permita alumbrado y/u otros fines que parezcan menores).
5. Generaría de forma dogmática un concepto de minería derechamente interdisciplinaria en la cual debiese convivir el rol de la juridicidad interna y/o en auditoria sostenida trabajando conjuntamente con las ciencias ingenieriles para el control de costos y por otra parte, eliminando todos los actuales vicios que existen hoy en la asignación de contratos y perdidas de flujos de caja por ilícitos y desviaciones en profesionales que participan de estas tratativas. A su vez, en la mala calidad de la confección de Bases e instrumentos que no dan cuenta de las reales externalidades que contiene los proyectos.
6. En materia de proyectos de construcción, revelaría que la práctica nuestra da cuenta de desviaciones en monto y plazos como una práctica consolidada, para tomar las medidas y no repetirla en el tiempo. Implicaría introducir un órgano como amigable componedor y de arbitraje in situ en la “cañería” de cada uno que permita la diligencia y viabilidad operativa y comercial. Con todo, alinearía a la industria de confección de ingeniería con las mineras de cara a obtener ingenieras “reales” y no productos que hoy se entregan con un apéndice denominado “ingeniería de terreno complementaria” elevando costos y generando una multiplicidad de inconvenientes en terreno en fase de construcción.
7. Como política, sin considerar los vaivenes de precio, generaría una línea paralela contable que permitiera provisionar fondos (a nivel C1) para los proyectos de expansión de las mineras por ley informando a las respectivas Superintendencias y el equivalente a Cochilco de la misma forma en que se caucionan los planes de cierre.
8. En materia de seguridad, realizaría un adoctrinamiento legal operacional a las dotaciones y recibiría retroalimentación de lo que esperan las autoridades administrativas y penales en concordancia con sus fines, leyes orgánicas y propósitos. (retroalimentación positiva en pro de evitar la judicialización).
9. En materia de permisos, aseguraría el número de especialistas en el órgano administrativo para la diligencia de estos y el análisis real de fusionar los mismos para el bienestar y salubridad del negocio.
10. En materia de exploraciones, al igual que el criterio utilizado para con los proyectos de expansión que deben garantizar su viabilidad financiera, establecería un canon anual de aseguramiento de exploración por ley como inversión, sujeto a rebaja tributaria como gasto declarado.
11. Con todo, en aspectos comunitarios, revelaría el fracaso chileno de relacionarse con el gastado modelo de RSE, yendo derechamente por la construcción de una cosmovisión bajo la amalgama de 2 visiones (comunidad y compañía), relevando la PAC (participación ciudadana) real y sin reparos y en su evaluación ambiental el respeto al convenio 169 de la OIT y sus derechos ancestrales como parte de la visión de una de las partes cerrando la puerta a la conflictividad futura.
12. Registro Ético. Todos aquellos proveedores y/o empresas que han actuado de forma ilícita y dolosa debieran quedar sujeta a suspensión en la industria y por el contrario, todas aquellas empresas que quedan sometidas a procesos de quiebras, debieran ser reimpulsadas con el aprendizaje obtenido.
13. Finalmente en materia dotacional, colocaría el foco en contar con trabajadores que le tengan “cariño” a la industria (puede parecer un concepto idílico- romántico) pero es del caso que la fidelización produciría avances importantes y la capacitación tendría sentido dada la baja en la productividad (Tarea para sicólogos – mineros). A su vez, reevaluaría las orgánicas tradicionales (organigramas matriciales) yendo por cuadros más inclusivos en que las mejoras sean escuchadas en lo conceptual y en terreno sean referente de los trabajadores y profesionales dueños de las áreas.
Estas, en términos generales privilegiarían la industria y aseguraría desde un punto de vista de su rentabilidad (en el entendido que es una industria pública mayoritariamente) la sostenibilidad financiera de la misma en el tiempo.
Reflexión final: Que les parecería a nuestras autoridades si en vez de extrapolar estas ideas al vecino país para su mejora continua, las hiciéramos propias y tratamos de implementarlas fehacientemente acá?
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