Jueves, 28 de Marzo de 2024  
 
 

 
 
 
Opinión

De audaces propuestas, grandes impuestos y pobre ejecución

Por Antonio Guzmán Ribera

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En los últimos días se generó un arduo debate por una columna publicada en el diario La Tercera que hizo alusión, de un modo bastante desmedido, a los objetivos políticos detrás de la propuesta económica del Colegio Médico liderado por su presidenta, donde el autor, en sus propias palabras cometió una “torpeza de pluma”.

Más allá del cuestionable tono utilizado, el revuelo que se generó llevó a que la columna, y en particular su autor, se volviera trending topic en Twitter, donde la discusión estaba totalmente centrada en la forma y tono más que en el trasfondo de esta.

Sin embargo, parece que dicho enfoque -de forma sobre fondo- es lo que ha permeado en nuestra discusión política, en momentos en que se requieren “grandes acuerdos”. Es lamentable, pero los distintos sectores políticos están más enfocados en lograr un buen titular y ojalá una invitación a un matinal, pero más allá de eso, lo que diga la propuesta y las consecuencias de la misma pasan a ser irrelevante.

La última demostración de este enfoque, que afecta a todo el espectro político, es la propuesta de reforma constitucional que presentaron una serie de diputados de oposición y que tiene como objetivo establecer un impuesto al patrimonio.

Sin duda, en un periodo como este, no cabe eliminar, descartar o ignorar ninguna propuesta que permita afrontar de mejor manera los desafíos que el Estado y la sociedad enfrentarán, pero ello no puede ser una excusa para una falta de rigurosidad en el modo que se realizan propuestas y se discuten las mismas.

¿Es negativo discutir si un impuesto a los grandes patrimonios es la forma correcta de financiar los gastos extraordinarios que se requieren en esta pandemia? Para nada, es de hecho necesario discutirlo y que se contraste con otras ideas similares o contradictorias, llegándose a un acuerdo democrático.

El proyecto que se presentó no tiene ese objetivo, ya que no es más que un titular donde tres páginas y media de un total de cuatro, exponen los argumentos para presentar el proyecto, haciendo referencia a las familias “poderosas de Chile” y hasta escribiendo incorrectamente el nombre de uno de sus miembros.

La reforma propuesta en cambio sólo tiene media página, un solo artículo, donde no se delimita claramente qué es lo que se busca gravar, ya que sólo se hace referencia al concepto de patrimonio bruto, faltando clarificaciones tales como, forma de valorizar, qué efecto tienen los pasivos y la forma de pagar para aquellos contribuyentes con grandes activos, pero poco flujo, entre otras preguntas.

Probablemente quien busque defender este proyecto dirá que es claro y son los valores de mercado, pues argumentos como este demuestran también la falta de una correcta técnica legislativa y de conocimiento de nuestro ordenamiento tributario, ya que en la Ley de la renta existen dos mecanismos para que el Servicio de Impuestos Internos determine valores de mercado y los resultados pueden ser bastante disimiles, eso sin considerar la valorización que se da para impuesto a las herencias que sería una tercera.

Errores como los antes descritos son nocivos para lograr buenas medidas ya que por obtener el titular y dar el “golpe” noticioso, se termina presentando proyectos cuyo trasfondo podría ser correcto pero la falta de calidad en su ejecución termina por causar su descarte.

Dicho de otro modo, este proyecto tiene tantas falencias que todos aquellos detractores podrán desacreditarlo por simples errores formales o de técnica, sin que nunca se discuta el real trasfondo del mismo.

Los actores políticos y en especial el Congreso deben hacer uso de su función y de sus asesores, pagados con los impuestos de todos, para que los proyectos que presenten sean a lo menos suficientes para las circunstancias que nos acompañarán por los próximos meses o años.   


 
 
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