Lunes, 10 de Mayo de 2021  
 
 

 
 
 
Opinión

Economía Circular: Un gran desafío para Chile

Por Iván Cifuentes.

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Poco a poco, Chile avanza en materia de Economía Circular. Reciclar para volver a crear es el nuevo lema que se impone entre productores y consumidores. No es fácil, pero se puede lograr en la medida que exista educación, políticas públicas y una normativa ambiental que lo promueva.

Cada año se botan toneladas de ropa en los vertederos. Tanta, que algunas marcas se están asociando con el fin de recoger esas prendas en desuso para luego transformarlas en material aislante de edificios o bien, en fibra para elaborar nuevos diseños.

Ejemplos como este hay muchos y son parte de lo que hoy se conoce como Economía Circular. El lema es: reciclar para volver a crear. Se trata de un sistema que busca reutilizar, optimizando los recursos disponibles, de manera de poder recuperar los materiales de un determinado producto. Hace algún tiempo, se instauró la idea de que las políticas económicas debían evolucionar a un camino más verde, dejando de lado la producción de carácter lineal, es decir, aquella cadena donde primero se crea un bien de consumo y después de cumplir con su periodo de vida útil, se arroja, no sin antes dejar una cantidad importante de residuos nocivos.

Para detener esta verdadera bola de basura, hoy se invita a mirar los desechos como nuevas fuentes de recursos, acompañado de una mayor educación entre los consumidores y productores, además de leyes y políticas públicas adecuadas. Según Matías Le-Roux Peralta, abogado ambientalista de Cifneg Consultores, en Chile comienza a tomar fuerza el interés por preservar la naturaleza respetando las normativas legales. El artículo 19, número 8, de la Constitución chilena garantiza ¨El derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”, y estipula que es deber del Estado velar para el cumplimiento de este derecho. Además, explica el abogado, la ley puede establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades a fin de proteger el medioambiente. En ese sentido, añade Le-Roux, es necesario entender que se debe dejar de seguir usando modelos económicos que ocasionen un impacto negativo, como el lineal, donde “producimos, usamos y desechamos”.

Si bien, el concepto de Economía Circular empezó a crecer en los 80, en el país ha dejado huella en la última década. Durante el segundo semestre de 2017, Chile empezó a ocuparse tal como lo venían haciendo países de la comunidad europea y, de Latinoamérica, Uruguay y Costa Rica. Mirando esos ejemplos, aprendimos la necesidad de privilegiar el “reducir, reusar y reciclar”, es decir, menguar la producción al mínimo indispensable, apostando por la reutilización de los elementos que -por sus propiedades- no pueden volver al medioambiente. Se aboga por una reutilización de elementos biodegradables. En los casos particulares de componentes eléctricos o metálicos, se busca volverlos a incorporar a un nuevo ciclo de vida, llevándolos nuevamente a la fase de producción para elaborar una nueva pieza.

A diferencia de otros modelos financieros donde prima el aspecto económico por encima del social o medioambiental, la Economía Circular supone una mejora sustancial, tanto para las empresas como para los consumidores. Aquellas instituciones que han puesto en práctica este sistema, han comprobado que reutilizar los recursos resulta más rentable que crearlos desde cero. Como consecuencia, bajan los precios de producción y los de venta. Gana el productor, el consumidor y el planeta.

En nuestro país se han introducido instrumentos de gestión relativos a este tema, como la Ley de Marco de Responsabilidad Extendida del productor, la cual busca dar promoción y una estrategia al tema de la Economía Circular.

Chile comenzó a introducir el concepto de impuestos verdes con el artículo 8 de la Ley 20.780, reformando y ajustando el sistema de tributación de la renta, en donde fijamos principalmente un impuesto a la emisión de contaminantes locales, como el Co2 o dióxido de carbono, entre otros. La tasa se fija dependiendo de la cantidad de población y de contaminación que se observa en un lugar. Por lo tanto, a mayor cantidad de gente, más grande será el impuesto por las cantidades de emisiones emitidas, lográndose, así, diferenciar las localidades con una gran cantidad de agentes contaminantes.

No es algo que se pague por igual. Por ejemplo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con contaminantes como el Co2, el tributo acordado es de U$D 5 por tonelada emitida. Cifras que varían, pero que han logrado recaudar alrededor de U$D 200 millones, suma que, entre otras cosas, ha servido para que los grandes grupos económicos busquen generar cambios dentro de sus políticas, no sólo de producción, sino también de cuidado ambiental.


 
 
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