En estos días ha sido de público conocimiento, la discusión sobre la institucionalidad en educación a través de un proceso que estaba en curso sobre el nombramiento de dos componentes del Consejo Nacional de Educación que se encontraba detenido en el Senado; entre ellas estaba la representante de educación parvularia, Marcela Lara.
Se planteaba que los consejeros debían ser curriculistas y con experiencia en el sector público, lo que en el caso de este nivel se cumple por ser una Educadora de Párvulos con un Doctorado, especializada en evaluación (que es parte del curriculum) y en la formación de profesionales de este nivel con amplia labor directa en escuelas públicas y en una universidad pública regional que trabaja directamente con jardines y escuelas de este sector. Finalmente, como es sabido, esta decisión se aprobó por la simple razón que se le pasó el tiempo al Senado para decidir, y la Constitución establece eso.
Esta situación y considerando además la etapa histórica en la que nos encontramos, nos lleva a pensar que son varias las instituciones educacionales que deberían ser evaluadas en cuanto a su funcionamiento, componentes y los mejoramientos que necesariamente siempre hay que realizar.
El Consejo Nacional de Educación, ciertamente es una de ellas; la Unidad de Curriculum y Evaluación y el CPEIP del MINEDUC son otras y agregaría, la Subsecretaria de Educación Parvularia, que cabría revisar en cuanto a si se ha logrado coordinar efectivamente las diversas instituciones del sector, en especial, como se esperaba, en los aspectos técnicos y económicos.
Sin entrar en mayores detalles, sectores de la educación parvularia, han presentado observaciones sobre el funcionamiento de estas instituciones y lo mismo pasa con otras organizaciones del sector educacional; debería ser una práctica habitual la evaluación objetiva de ellas por el rol importante que tienen en la formulación de políticas públicas, en su implementación y en el desarrollo de la educación.
Esperamos que ello suceda en el nuevo gobierno y que de alguna forma se incluya en la nueva Constitución tener procedimientos permanentes de revisión del funcionamiento de las instituciones públicas educativas con participación de quienes son sus usuarios, en este caso, las educadoras de párvulos, técnicos, profesores, familias y estudiantes. Sólo de esta manera, podremos avanzar efectivamente a los relevantes propósitos que la educación debe cumplir para una formación actualizada vinculada a los tiempos actuales que las nuevas generaciones requieren y, por tanto, el país.
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