El 3 de diciembre se celebra el día internacional de las personas con discapacidad declarado por la Asamblea general de las Naciones Unidas en 1992. En Chile contamos con información actualizada sobre la realidad que viven las personas a través del Tercer Estudio Nacional de Discapacidad realizado en 2022 por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), denominado ENDISC III. En este estudio, se recogen datos como, por ejemplo, el que la población adulta con discapacidad equivale a un 17,6% correspondiente a 2.703.893 de personas. Dimensiones como educación, salud, trabajo, nivel de dependencia son algunas áreas en las que este estudio arroja cifras nacionales y también regionales. Es una valiosa información general para seguir avanzando en temas de inclusión y poder eliminar barreras para la participación plena.
Ahora bien, sería positivo poder contar con información que pudiese graficar la realidad especifica de un grupo de personas en situación de discapacidad con la que trabajo y que a mi parecer requiere atención y una mayor equidad, definido este último término en que “consiste en garantizar y asegurar que exista una preocupación por la justicia de manera que la educación de todo el estudiantado se considere como igualmente importante” (UNESCO, 2017).
Según los datos de la ENDISC III los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual corresponden a un 12,2% y en la población adulta equivalen a un 7%. Desde la realidad que habito, percibo que aún existen desafíos significativos que deben abordarse para garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la Educación Superior. Es en este contexto donde las brechas son mayores, ya que el sistema universitario aún no está preparado ni diseñado bajo el principio de equidad, y en el sistema escolar, como etapa previa, se presentan deudas y desafíos.
Año a año recibimos jóvenes que participan del programa universitario y distingo que la articulación entre la educación escolar y universitaria es una de las tareas urgentes. Se requiere trabajar en las escuelas para alcanzar aprendizajes claves como la lectura, la escritura, conductas adaptativas por mencionar algunos, como a su vez plantearse altas expectativas que contribuyan a que luego de 12 años de escolaridad los estudiantes accedan a la educación superior y posteriormente progresen y egresen enfrentando el mundo del trabajo con sólidas herramientas. La falta del trabajo psicoeducativo desde la primera infancia con las familias y las personas con discapacidad intelectual es otro desafío de cara a lograr la inclusión social y laboral futura. No tengo duda de que nuestras leyes (20.422, 21.015, 21.275) facilitan el terreno que estamos transitando, pero no son suficientes. Se necesita la colaboración estrecha entre instituciones educativas, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para dar un paso mayor hacia la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de las personas con discapacidad intelectual. Como Institución contribuimos al bienestar, progreso y empleabilidad de este colectivo, por lo que resultaría interesante que a futuro contemos con estudios que arrojen qué sucede más allá de las cifras, profundizando en aspectos relevantes como el bienestar o calidad de vida de las personas.
Conmemorar este día es importante como a su vez celebrar los logros alcanzados, pero también lo es reconocer los desafíos pendientes y trabajar de manera conjunta para superarlos, aportando a una sociedad más inclusiva y equitativa para todos y todas.
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