Hace dos semanas el suicidio de la joven profesora Katherine Yoma Valdivia en Antofagasta, hacía visible –una vez más- el problema de la violencia en las escuelas y, específicamente, la ejercida contra los docentes; la indicada había denunciado acoso, amenazas y amedrentamiento, tanto de una estudiante como de su apoderado, sin que persona alguna hubiese intervenido en el conflicto. El problema de la violencia en las escuelas no es nuevo, pero sí tiene un preocupante aumento constatado por la Superintendencia de Educación, quien reportó 466 casos de maltrato a docentes y asistentes de educación, cifra que duplica la del año 2019 y previo a la pandemia; de la misma forma, el sondeo de docentes ante la violencia en las escuelas realizado recientemente por el Colegio de Profesores, informaba que el 80% de los docentes declaraba haber sido víctima de insultos además de amenazas, intimidación y violencia física.
Las causas y antecedentes de dicho suceso son variadas y múltiples, pero ejerciendo un distinto peso sobre él mismo, partiendo del fundamento que las escuelas son un microcosmos comunitario que solo refleja el macrosistema social y las tensiones de la comunidad; equivocadamente se espera que la educación y en particular el profesor, deban resolver la violencia que corre aparejada con la crisis de autoridad de los padres, como asimismo de las autoridades espirituales, políticas y policiales, siendo ellas percibidas como actores que disputan y luchan por el poder y sus intereses personales más que solucionar los problemas de la gente. Sirva como ejemplo los años que se lleva tramitando la reforma de pensiones. La carencia de diálogo como medio natural para escuchar las razones del otro y establecer con tolerancia acuerdos, sufre de un vacío –que como ya se ha dicho- parece ser una característica epocal.
La salud mental de los alumnos y de los docentes se encuentra en una crisis diagnosticada ya por organismos internacionales como la Encuesta Unesco de condiciones de trabajo y salud en 6 países, realizada en el año 2004; hace 20 años, el 70% de los profesores percibía la violencia como un problema grave en la escuela, un 35% había sufrido amenazas a su integridad física directamente, un 44% le había sido diagnosticado colon irritable, un 42% estrés, ansiedad y otras afecciones psicosomáticas.
La violencia contra los profesores ha aumentado y se origina –entre otras- por dos causas: la primera de ella es la desprofesionalización de la función docente, aunque se diga que se pretende desarrollar competencias y habilidades, en la práctica al profesor se le percibe como un técnico “que trabaja con contenidos”; debe rendir cuenta mediante un proceso de evaluación agobiante en que la simulación de su quehacer mediante instrumentos poco y nada tienen que ver con la realidad en la cual se encuentra inmerso, además se le presiona con pruebas estandarizadas que pretenden demostrar “las evidencias de la calidad de la educación”, agregándose a lo anterior la Jornada Escolar Completa no modificada, que en un momento de su aplicación, en cuanto a sus adecuaciones de año en año, era decidido por las comunidades educativas. Hoy en día el profesor es visto como un mero instructor olvidando su rol de formador y forjador de proyectos de vida de niños y jóvenes.
Poco y nada de lo educativo es elaborado directamente por los docentes o en consulta a los mismos, existe una cierta rigidez administrativa y curricular, pese a la existencia teórica de una autonomía profesional, como lo decía un dirigente antiguo de los profesores, el modelo educativo exige autonomía, pero no la otorga.
Habría que mencionar, al respecto, la Reforma Educativa de 1928, que concebía a Chile como un Estado Docente, el Decreto pertinente en su artículo 62 indicaba que “el programa de estudios dará para desenvolverlo y cumplirlo la necesaria libertad al profesor”.
La segunda causa, capital en cuanto al grado y formas de violencia hacia los profesores, radica en el hecho que cuando existe en sus diversas formas, la violencia es silenciada y acallada; si el hechor ha sido un alumno o su apoderado no siempre se toman las medidas pertinentes, incluso establecidas en un reglamento interno y protocolo, porque si al alumno agresor debe ser trasladado de establecimiento o retirado del mismo para mantener una sana convivencia, pocos de la administración o direcciones toman la decisión porque tener un alumno menos significa perder la subvención por el mismo, y como nadie quiere percibir menos ingresos, se le mantiene en el sistema por un motivo no social, sino que económico.
En nuestra experiencia dirigencial, recordamos, entre otros, un episodio en el cual intervinimos, acompañamos a la docente afectada quien, luego de ser agredida a patadas en un acto oficial en su escuela, fue calumniada y amenazada. Desde el punto de vista de la salud, su estado fue calificado como enfermedad profesional y, pese a las innumerables comunicaciones, la administración educacional municipal, no tomó medida de protección alguna, salvo el obligarla a estar acompañada en su ejercicio docente por una colega que grababa las clases. ¡Esa fue la solución frente al problema de la violencia ejercida por alumnos y apoderados! Buen argumento para un cuento.
La Ley de Desarrollo Profesional Docente (carrera docente) y el marco legal en general, determina el respeto a la honra y al quehacer profesional de un profesor, pero normalmente esto no se cumple ni es motivo de preocupación. Como lo indicamos en un anterior artículo, el sistema de “pagar” una subvención por alumno hace que se dé prioridad a poseer muchos de ellos, convirtiéndose en un incentivo perverso, que de no cambiarse a un sistema de financiamiento basal, altera la estructura misma de lo educativo.
Negar, invisibilizar, discriminar por sus causas o causantes o según quienes sean sus víctimas o tratar con indiferencia la violencia sólo hará que se la normalice, diciendo que “hay que aprender a vivir con ella” como se hace ante cualquier problema complejo o que no se soluciona…
Podemos señalar responsablemente que una cosa son los protocolos y normas y otra muy distinta, el cumplimiento y responsabilidad en su ejecución. Incluso la que los profesores llamamos “ley maldita” 20.501, consagra en su art 8 bis que es responsabilidad del empleador el que el trabajador de la educación se desempeñe en un ambiente de respeto y cuidado”… pero, ¿cómo se cumple? ¿Cuál es la acción y resultados concretos de acciones de la superintendencia de educación cuando se denuncia un hecho de violencia atribuible a un docente y cuántos casos de docentes agredidos, amenazados, maltratados han tenido una resolución favorable a ellos o siquiera una consideración? De los 466 casos indicados, ¿cuántos y cómo fueron resueltos?
Podríamos mencionar otros cuerpos legales como el art 279 bis del código penal; art 184 del código del trabajo, el Convenio 190 y el Cuestionario de Ambientes Laborales y Salud Mental de la Superintendencia de Seguridad Social que aplican las mutualidades… ¿cómo protegen, reparan y cuidan efectivamente la violencia hacia los docentes y trabajadores de la educación? Recordemos que la semana pasada, el encargado de convivencia escolar de un establecimiento de San Bernardo, RM, fue sacado esposado por carabineros del recinto educacional donde trabajaba y estuvo detenido horas en la comisaría tras una denuncia formulada por el apoderado de una de las dos estudiantes que se estaban agrediendo y que el docente intentó separar… ¿Cuál es la lección? El docente fue detenido por intervenir… ¿no habría sido sindicado como responsable del resultado de la agresión de las estudiantes si hubiese decidido no tratar de separarlas? ¿Cuál será la sanción para las menores que se agredían y para el apoderado que denunció violencia por parte del profesor?
Ciertamente, que no estamos por salidas exclusivamente policiales y con muchos subterfugios como “aula segura”, que ha demostrado su fracaso como tantas otras medidas e instancias que pretenden actuar sobre los resultados y no sobre las causas lo que, es, por supuesto, quizás más procesual y lento, pero que seguro que más efectivo, pero para ello, lo que hay que cambiar es el modelo educacional, lo que obcecadamente autoridades y organismos -muchos expertos externos que actúan con criterios de economía financiera- se niegan siquiera a reconocer y más a implementar, porque los profesores sabemos que la violencia no se origina ni inventa en las escuelas, sino que estas, como parte de la sociedad, se han ido convirtiendo en víctimas de ella.
Los y las docentes somos formadores y, por tanto, siempre estaremos por el diálogo, el análisis y la reflexión lo más ampliamente compartidas ante los problemas. Sin embargo, como ciudadanos y trabajadores no tememos tampoco a la movilización social si es necesario. Hemos planteado desde hace mucho a las autoridades que el modelo educativo, siguiendo los parámetros sociales imperantes de un neoliberalismo furioso, tiende a formar más individualidades que ciudadanos preocupados de los demás; insta a la competencia despiadada y al exitismo económico reservado para pocos más que a la colaboración y la horizontalidad… por eso, toda transformación educacional de una cultura de bienestar y a escala humana debe ir aparejada de un cambio paradigmático que, hoy, lamentablemente, estamos lejos de vislumbrar en gran parte del espectro político o social. Nuestra labor en las aulas y en las comunidades escolares seguirá siendo, mientras no se cambien estas perspectivas, limitadas y circunscritas a ambientes muy locales que, incluso, caen bajo la mirada inquisitiva y de sospecha del sistema general.
Insistimos que el abordaje de estos temas no pasan por la represión ni la óptica de un estado policial, sino por la consideración real, permanente, sistemática e integrada a la cultura escolar de especialistas, tiempos y recursos que atiendan la salud mental de estudiantes y trabajadores; la reducción de estudiantes por cursos: creemos que a mayores niveles de vulnerabilidad, debe haber mayor atención personalizada; la resignificación efectiva de la jornada escolar completa que no implique más horas de agobio docente, contratando especialistas calificados en deportes, artes (teatro, danza, cine, artes visuales), medio ambiente, tecnología, nutrición, relaciones humanas, etc., para que los niños/as y jóvenes tengan realmente oportunidades significativas de desarrollar sus competencias en múltiples áreas de la vida que el siglo XXI nos ha prometido y que, en lugar de una sociedad que evoluciona, se ha ido transformando en lo que filósofos contemporáneos llaman sociedad del cansancio, sociedad líquida y del rendimiento.
Como es sabido, la asamblea nacional del Colegio de Profesores acordó adherir este lunes 25 a una jornada con diversas acciones de movilización que pueden ir en ascenso dependiendo de cómo se aborden las soluciones. Como Regional Valparaíso, de cordillera a mar, nosotros ya habíamos adherido bajo el lema “Todos somos Antofagasta, todos somos Katherine Yoma” y nuestros colegas de la educación pública en todas las comunas de la región –invitando a sumarse también al sector particular subvencionado y privado- realizaremos en diversos momentos de la jornada, sin llegar aún a paro de actividades, puntos de prensa; entregaremos cartas y declaraciones a diversas autoridades regionales, provinciales y comunales; efectuaremos minutos de silencio; vamos a visibilizar el problema y no sólo este caso en escuelas y comunales con nuestros colegas, con asistentes de educación, apoderados y estudiantes, para ir creando conciencia y responsabilidad de que todos merecemos convivir en un ambiente humano de respeto, solidaridad y bienestar.
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