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Policial

Cinco años privado de libertad deberá pasar conductor brasileño que trató de ingresar armas y municiones al país

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes lo declaró culpable de los delitos de tráficos de armas, municiones y contrabando.

 

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LOS ANDES (05/02/2025).-  El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes, integrado por los magistrados Alessandra Tubino Tassara, María Cornejo Sandoval y Cristián Cáceres Castro, condenó a 5 años 1 un día de presidio mayor en su grado mínimo a un conductor de nacionalidad brasileña que intentó ingresar armas de fuego y municiones a territorio nacional.

El hecho se rem0nta al día 27 de marzo de 2024, cuando el ahora condenado Kevin Schmalz de Olivera (28), ingresó al país conduciendo un camión procedente de Mendoza.

 La  minuciosa revisión efectuada por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas permitió descubrir que en diversas partes de la cabina del conductor , se escondían las mercancías que están prohibidas de acuerdo a la Ley 17.798 de control de armas y explosivos. 

El procedimiento arrojó como resultados la incautación de un revolver calibre 38, un revolver calibre 32, una mira punto láser y 104 municiones (calibres 38, 32 y 380), además de 9 casquillos percutidos.

En esa oportunidad el conductor extranjero fue detenido y formalizado, quedando en prisión preventiva en la cárcel de Petorca hasta el juicio que culminó esta semana con sentencia condenatoria por los delitos de tráfico de armas y contrabando aduanero.

Asimismo, el tribunal resolvió que “atendida la extensión de la pena corporal impuesta, resulta improcedente su sustitución, por lo que deberá cumplirla en forma efectiva, sirviéndole de abono el tiempo en que ha permanecido, ininterrumpidamente, privado de libertad en esta causa, desde su detención el día 27 de marzo de 2024, y luego en prisión preventiva hasta la fecha de dictación del presente fallo, lo que hace un total de 307 días, debiendo adicionarse el periodo siguiente hasta que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada”.

Finalmente, el tribunal ordenó la incorporación de la huella genética del condenado al registro nacional  de ADN de condenados por pena de crimen en Chile.

 


 
 
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