Desde hace un tiempo hemos venido exponiendo la delicada situación de violencia que se está viviendo en las escuelas de nuestro país. No se trata de ser alarmista ni de una exageración, sino de ver las cifras y casos que ya se han vuelto recurrentes en la agenda noticiosa nacional.
El problema no es sólo el hecho en sí, sino el conjunto de factores que promueven estos actos y la pobre respuesta de parte de los responsables. Sean estos; apoderados, docentes, directivos, superintendencia de educación o ministerio. No hay un plan de acción situado y articulado por comuna o Slep que realmente se encargue de actuar no solo de forma preventiva, sino también proactiva.
Las evidencias muestran que la violencia física, el acoso y abuso de sustancias, principalmente consumo irregular de medicamentos, en los establecimientos escolares están muy por encima de lo que realmente se indica. Asimismo, el foco de la gestión de la convivencia está siendo insuficiente toda vez que: 1) no hay recursos para planes de mejora, 2) no hay equipos multidisciplinares que actúen de forma preventiva y reactiva cuando se necesitan (estos van desde profesionales hasta seguridad en los casos más extremos); 3) ausencia de formación práctica en la toma de decisiones a los docentes; y por último, 4) formación de espacios intersectoriales con Carabineros, Seguridad Ciudadana, Senda, Ministerio de Salud, Mineduc y los establecimientos de casa comuna. Sino se actúa hoy, seguiremos viendo casos en aumento y con nuevos decretos y leyes que no están resolviendo la problemática, al contrario, se sigue incrementando.
Hoy ya no son sólo los hechos de violencia, sino que se suma la justa demanda de los docentes sobre la seguridad que deben tener para desarrollar su trabajo. A ellos y ellas se les pide resultados de aprendizaje, pero lamentablemente de sus logros es de lo que menos noticias tenemos semanalmente.
Nuestros docentes hacen su mejor esfuerzo día a día, pero el aparato administrativo no está actuando según las necesidades que se viven en los colegios del país. Y esto no obedece solo a los establecimientos públicos, también a los particulares subvencionados y particulares pagados.
Ya no se trata de recomendar diálogos y dejar en manos de cada comunidad lo que se haga, hoy se necesita liderazgo y claridad para construir soluciones efectivas. Tomemos las lecciones que ha dejado las intervenciones del programa A Convivir Se Aprende. Necesitamos más trabajo conjunto e intersectorial. Esto ya no es solo un problema que se resolverá en cada escuela.
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