SAN FELIPE (15/04/2026).- Un funcionario de la SIP de la Segunda Comisaría de San Felipe dio caza y redujo a un delincuente habitual quien momentos antes había sustraído especies desde una dependencia del Hospital San Camilo.
Conforme a los antecedentes policiales obtenidos por Los Andes Online, el hecho se produjo pasada la medianoche, cuando el maleante ingresó mediante escalamiento del cierre perimetral hasta el sector de ambulancias y luego se dirigió hasta la garita del guardia de seguridad.
Premunido de una herramienta logró forzar y abrir la puerta de esa dependencia, sustrayendo desde el interior una mochila de propiedad de uno de los guardias en cuyo interior había un notebook, dos pares de audífonos, un cargado de computador y un mouse, especies que fueron avaluadas en $ 1.500.000.
El antisocial salió del centro asistencial saltando la reja que da hacia la avenida Miraflores, pero para su mala suerte en esos momentos pasaba por el lugar un funcionario de la SIP que estaba de franco a bordo de su vehículo.
Al ver saltar al delincuente hacia el exterior detuvo su vehículo, se bajó y se identificó como Carabinero, ante lo cual el sujeto tiró al piso la mochila y trató de escapar corriendo.
El policía lo salió persiguiendo hasta darle alcance y reducirlo, llamando posteriormente a sus colegas de la Segunda Comisaría quienes finalmente lo arrestaron.
El ladrón fue identificado como F.G.N.M., de 33 años, con un amplio prontuario policial y quien actualmente se encuentra en situación de calle.
El imputado pasó a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe donde el fiscal Alejandro Bustos Ibarra lo formalizó por el delito de robo en lugar no habitado en grado de consumado.
En atención a sus condenas anteriores por hurto y ocultación de identidad, además de no tener domicilio, el persecutor pidió la prisión preventiva.
Si bien la defensora pública María Victoria Campos Vial se opuso por estimar que los fines del procedimiento podían garantizarse con un arresto domiciliario total, el magistrado Leopoldo Marcelo Soto consideró un eventual peligro de fuga al no tener domicilio y accedió a lo solicitado por el fiscal, decretando su ingreso a la cárcel de Los Andes.
No obstante el juez Soto estableció una fianza de 300 mil pesos, por lo que si la familia del imputado la paga podrá quedar en libertad.
Además, decretó un plazo de sesenta días para el cierre de la investigación.
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