Cada vez que un temporal, un aluvión o un terremoto golpea a Chile, ocurre lo mismo: además de la emergencia humana e institucional que acapara la atención, aparece otra crisis, silenciosa y previsible, que nadie planificó.
Escombros de demolición, restos de construcción, arrastre fluvial, y residuos voluminosos se acumulan de golpe en cantidades que ninguna comuna está preparada para procesar. No es un fenómeno nuevo. Es lo que sucede cuando un país no ha asumido la necesidad de hacerse cargo de la gestión de residuos extraordinarios.
Pero el problema es más profundo. En Chile no existe una planificación robusta para los residuos municipales ordinarios: la mayoría de los planes son referenciales, desactualizados o inexistentes, carecen de proyecciones, financiamiento y fiscalización efectiva. Si el flujo cotidiano de residuos domiciliarios o comerciales ya carece de planificación seria, no sorprende que los residuos extraordinarios ni siquiera figuren en el radar.
La magnitud del problema queda en evidencia en otros países. El 2005, el huracán Katrina en Estados Unidos generó más de 30 millones de toneladas de residuos. Tras el terremoto y tsunami de T!3;hoku en 2011, Japón debió gestionar entre 20 y 25 millones de toneladas de escombros en la costa noreste, proceso que tomó más de dos años.
En Haití, después del terremoto de 2010, Naciones Unidas estimó varias decenas de millones de metros cúbicos de escombros; al año, menos del 5% había sido retirado, por la ausencia de una logística planificada
La dimensión económica es igual de elocuente. Investigaciones han documentado que, tras las inundaciones de 2007 en la región francesa del Var, la gestión de residuos representó más de una cuarta parte del costo total de la reconstrucción.
Chile no es ajeno a este problema. Una evaluación ambiental de la WWF Chile y el Ministerio del Medio Ambiente tras el terremoto y tsunami de 2010 constató que el manejo de escombros fue deficiente: gran parte terminó en humedales, playas y otros ecosistemas frágiles, movilizada después por el viento, las marejadas y las crecidas hacia zonas donde volvió a dañar la pesca y el turismo.
En el desglose oficial de daños de ese desastre, el Ministerio de Hacienda contabilizó más de US$1.100 millones bajo el ítem “otros gastos”, que agrupaba alimentación y escombros: ni el Estado supo, en su momento, cuánto costó retirar la basura
La gestión de residuos postcatástrofe puede representar una parte importante del costo de la reconstrucción, y ese costo se dispara cuando no existe planificación previa. Ese es el punto ciego que Chile arrastra hasta hoy.
Actualmente, los municipios se apoyan en mecanismos de compra pública de emergencia —rápidos, flexibles, pero sin bases técnicas ni visión de mediano plazo—, diseñados para adquirir bienes como agua o combustible, no para gestionar millones de toneladas de escombros contaminados con sedimentos, barro o aguas servidas.
La pregunta no es si Chile volverá a enfrentar un evento extremo. La pregunta es si seguiremos dejando que la gestión de residuos, ordinaria y extraordinaria por igual, dependa de la improvisación de cada municipio cuando ya es demasiado tarde para planificar.
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