LOS ANDES (19/10/2026).- Ante el Juzgado de Garantía de Los Andes fue presentada una querella criminal en contra de los socios del reconocido instituto médico Santa Cecilia de Los Andes, tras el despido hace casi dos años de la totalidad de sus trabajadores sin que estos recibieran sus finiquitos y la enajenación irregular de los bienes.
De acuerdo a lo expresado a Los Andes Online por el abogado que representa a los trece trabajadores desvinculados, Cristián Espinoza-Medel el caso de las extrabajadoras del Instituto Médico Santa Cecilia no corresponde a un simple incumplimiento laboral aislado.
Según los antecedentes judiciales y documentales reunidos, lo ocurrido revela una secuencia patrimonial que debe ser investigada “ pues se trata una sociedad que durante años funcionó como centro médico en Los Andes y San Felipe, que tuvo trabajadoras de larga antigüedad, que vendió sus principales inmuebles a sus propios socios, que luego siguió funcionando en esos mismos lugares pagando arriendos a esos socios, y que finalmente despidió masivamente a su personal sin pagar los finiquitos comprometidos”.
El jurista manifestó que las trabajadoras afectadas fueron despedidas a fines de noviembre de 2024, invocándose la causal de "necesidades de la empresa".
En las cartas de despido se les informó que sus finiquitos estarían disponibles el 10 de diciembre de 2024 en la Notaría Max Ordóñez de Los Andes. Sin embargo, al concurrir a la notaría, constataron que la empresa no había dejado cheques ni fondos para pagar.
Asimismo, en la demanda laboral se relata que el representante de la sociedad, Engelbert Siglreithmaier, habría señalado que los finiquitos no se pagarían porque la empresa estaba preparando una declaración de quiebra y no había fondos disponibles.
Lo más grave es que, según la tesis sostenida por las trabajadoras, la falta de bienes de la sociedad no habría sido un hecho sorpresivo. El Instituto Médico Santa Cecilia fue propietario de inmuebles relevantes para su operación: la oficina N° 313 y estacionamiento N° 7 del edificio ubicado en calle Merced N° 565 de San Felipe, y el Laboratorio Clínico del primer piso del Edificio Médico Las Rosas, ubicado en O'Higgins N° 640 de Los Andes. Entre 2015 y 2017 esos bienes fueron vendidos a los propios socios Engelbert Siglreithmaier y Ramón Zamora. Luego, esos mismos inmuebles fueron arrendados nuevamente a la sociedad, de modo que el centro médico siguió funcionando en los mismos lugares, pero pagando renta a quienes habían pasado a ser dueños personales de los bienes.
Esta estructura es el centro de la denuncia pública y judicial: los activos inmobiliarios esenciales salieron del patrimonio de la sociedad, pero la empresa continuó operando en ellos, manteniendo una apariencia de continuidad, estabilidad y solvencia. Cuando años después se produjo el despido masivo, las trabajadoras se encontraron con una sociedad sin bienes suficientes para responder por sus créditos laborales.
Un antecedente relevante es que en julio de 2024, pocos meses antes del cierre y de los despidos, Engelbert Siglreithmaier y Ramón Zamora aparecen como avales, fiadores y codeudores solidarios de un crédito bancario de $35.000.000 tomado por Instituto Médico Santa Cecilia Limitada. Este antecedente es relevante porque muestra una conexión financiera directa entre los socios y la sociedad, y porque debe investigarse qué destino tuvieron esos fondos y si fueron usados para pagar obligaciones laborales o, por el contrario, para otros fines, incluidos pagos a personas relacionadas.
Frente al no pago, las trabajadoras acudieron a la Inspección del Trabajo. Se fijaron comparendos de conciliación pero ningún representante de la empresa compareció. Luego, se presentaron demandas individuales de cobro de finiquitos e indemnizaciones laborales, y también una demanda más amplia de declaración de unidad económica y subterfugio laboral, destinada a que el tribunal pueda extender la responsabilidad hacia los socios que conservaron patrimonio personal.
Las acciones judiciales permitieron obtener mandamientos de ejecución y embargo en distintas causas laborales. Sin embargo, cuando se intentó embargar bienes de la sociedad, las diligencias resultaron frustradas.
En agosto de 2026, el receptor judicial concurrió al domicilio de O'Higgins N° 640 y dejó constancia de que no pudo trabar embargo; una persona adulta informó que la demandada habría liquidado todos sus bienes y que sólo quedaban muebles viejos y computadores en desuso, agregándose que los departamentos del edificio eran de propiedad individual y no tenían relación con la sociedad ejecutada.
En paralelo, se interpuso una querella criminal para que el Ministerio Público investigue si estos hechos revisten caracteres de delitos patrimoniales. La querella no se funda sólo en el incumplimiento de pagar finiquitos, sino en una hipótesis más amplia: una eventual secuencia de vaciamiento o debilitamiento patrimonial, administración desleal, contratos con personas relacionadas, pagos a socios, preparación de liquidación concursal y posterior perjuicio a las acreedoras laborales. La acción penal solicita diligencias de investigación y medidas de aseguramiento patrimonial, buscando reconstruir la trazabilidad de los bienes, fondos, arriendos, créditos bancarios y pagos realizados antes del cierre.
“ Este antecedente es especialmente sensible; le solicitamos encarecidamente que lo trate con precisión y rigor para no afectar la eficacia de la acción penal en desarrollo”, concluyó el abogado Espinoza-Medel.
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