El ministerio público de Los Andes formalizó cargos por homicidio simple en contra de las dos funcionarias del hospital San Juan de Dios que habrían ayudado a una anciana a morir, en lo que sería el primer caso de eutanasia en nuestro país.
En la audiencia realizada esta mañana, el fiscal Mauricio Navarro presentó las pruebas que permiten calificar el hecho como homicidio, a pesar que no existe un informe autopsia del cuerpo de Laura Guajardo que permita dilucidar si la causa de muerte se debió a la septicemia generalizada que padecía o bien a una sobredosis de insulina.
Por ello, se fijó para este Viernes una anuencia privada donde se determinará la fecha en que se realizará la exhumación del cuerpo y así establecer fehacientemente la causa del deceso.
A pesar que fueron formalizadas por homicidio, tanto la estudiante de enfermería Aileen Torrealba como la técnico paramédico Ana Quiroz Rojas fueron dejadas en libertad provisional durante los seis meses que el tribunal fijó para la investigación de los hechos, quedando ambas con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma periódica ante el ministerio público.
Revés para la fiscalía.
Si bien la libertad provisional de las imputadas no dejó del todo satisfecho al fiscal que sustancia la causa, Mauricio Navarro, éste comentó que aun falta por desarrollar una investigación muy acuciosa “ para poder establecer que es lo que realmente ha ocurrido, cual ha sido la causa directa de muerte de esta persona, cual ha sido el desarrollo del delito dependiendo de la causa de muerte y en definitiva estas son diligencias de largo tiempo que aquellas que se realizaron en estos días”.
Agregó que para nada se siente decepcionado por la determinación del tribunal, “porque los antecedentes que esgrimieron en la audiencia formalización, a juicio del ministerio público son constitutivos del delito de homicidio calificado, pero no podemos hacer una afirmación categórica toda vez que la determinación precisa de esto va a corresponder al momento de dictarse una sentencia definitiva”.
Navarro sostuvo que existen pruebas suficientes que acreditan que se está frente a un caso de homicidio, “ sobre todo por la declaración de testigos que estuvieron en el lugar, informes médicos que nos dan cuenta de lo que significa aplicar una dosis de insulina como la que se aplicó, lo que en definitiva desencadena la muerte, pero restan aun una serie de diligencias por realizar vinculadas con análisis biológicos del cuerpo de la paciente”
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