LOS ANDES.- Una diferencia de 15 millones de pesos mensuales entre lo pagado por el ministerio de educación al sostenedor y lo que éste canceló en bonos de Subvención Adicional Especial a los profesores del Liceo Mixto detectó un peritaje contable llevado adelante por la policía de investigaciones en el marco de una querella interpuesta por los docentes del establecimiento en contra del propietario del colegio.
Como se recordará, en Enero de este año la directiva del sindicato de profesores del Liceo Mixto presentó ante el tribunal de garantía de Los Andes una querella por apropiación indebida de fondos en contra del sostenedor y dueño del colegio, Patricio Cornejo Herrera, causa que esta siendo investigada por la fiscal especialista en delitos económicos Claudia Garibaldi.
En esta querella se denuncia el no pago durante dos años del bono de Subvención Adicional Especial que el ministerio entrega a los sostenedores de colegios particulares subvencionados para que cancelen a su planta docente, cosa que en este caso no habría ocurrido.
De acuerdo al informe emitido por la perito contable de investigaciones Paulina Silva, se habría producido una diferencia de 15 millones de pesos mensuales que no fueron pagados a los docentes durante los años 2004 y 2005, cifra que en su conjunto suma más de 300 millones de pesos.
Este informe entrega dos conclusiones, una que se refiere a que los bonos efectivamente no fueron pagados o bien el sostenedor entregó información errónea a la investigación.
Para el presidente del sindicato de profesores de Liceo Mixto, Boris Vega, el documento pericial evacuado por Investigaciones es concluyente en cuanto a no ha habido pago de bonos, “porque si bien dice que el sostenedor pudo haber omitido alguna información, nosotros tenemos la certeza que no los canceló”.
El dirigente recordó que la inspección del trabajo ha cursado multas por más de seis millones de pesos al establecimiento por el no pago de estos bonos.
Vega indicó que desde que iniciaron las acciones judiciales, tanto en la parte penal como el la civil, siempre han sido transparentes y con pruebas que acreditaban la ocurrencia de situaciones irregulares, “ ya que si bien el sostenedor dice que si los ha pagado, pero con otro nombre y de otra forma, tenemos la convicción de que no es así”.
Respecto al destino que habrían tenido estos más de 300 millones, Vega declinó efectuar elucubraciones, “ pero el único destino que tienen que tener estos bonos es ser pagados a los profesores y no pueden ser destinados ni siquiera a la compra de implementos para el colegio, por lo que si el perito contable dice que hay 15 millones de diferencia entre lo pagado por el ministerio y lo que pagó el sostenedor a los profesores, hacia donde se fueron… eso lo deberá determinar la justicia en su momento”.
El dirigente lamentó que hayan tenido que recurrir a la vía judicial para exigir el pago de este beneficio, “porque si el sostenedor hubiese tenido la disposición al diálogo creo que nunca habríamos llegado a judicializar este tema”.
Acotó que esta situación afecta el clima laboral del cuerpo docente del establecimiento lo que repercute directamente en la calidad de la enseñanza.
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