Se ha escrito bastante en relación con las perspectivas jurídicas y políticas derivadas de la venta al Estado de la que fuera casa del expresidente Salvador Allende. Sin embargo, este episodio no se ha examinado como material de un buen caso de estudio que ilustre la importancia del compliance para mitigar riesgos de antijuridicidad en la gestión pública.
Sí, compliance. Porque no solo se trata de una herramienta útil en el sector privado, sino que puede impactar en lo público mediante políticas y procedimientos orientados a perseguir apriorísticamente que la actuación estatal se apegue a la juridicidad vigente.
En el caso de la venta en cuestión, queda en evidencia la carencia de un proceso formal y conocido por los involucrados para la dictación de los decretos supremos. Ello, especialmente, cuando a pesar de la revisión de muchos juristas, incluyendo a la jefa de División Jurídico-Legislativa de Segpres, nadie se sintió llamado a alertar sobre la potencial inconstitucionalidad del documento.
Esto es consecuencia de la inexistencia de roles definidos y conocidos por los intervinientes; lo que queda en evidencia cuando la aludida jefatura afirmó que revisar la constitucionalidad de los actos no es parte de su rol, y que tampoco sabe quién es el que sí lo tiene. Así pues, no basta con que las normas orgánicas definan genéricamente las atribuciones de los funcionarios, sino que debe concretamente conocerse sus roles y responsables.
Las formas de precaver riesgos deben estar en permanente revisión, pero esto solo es posible cuando existen procesos claros y conocidos, lo que no ocurrió a propósito de la venta. Por ello, dada su inexistencia ¿cómo puede el Presidente ante futuros Decretos Supremos, tener tranquilidad de que se haya estudiado la constitucionalidad del asunto, amén de otros aspectos que no son estrictamente jurídico-formales, pero igualmente relevantes?
No basta con confiar en la capacidad individual, pues nadie es infalible, ni respaldarse en la mera cantidad de visaciones previas, ya que en este caso hubo supuestamente 17 revisores incapaces de evitar el resultado. Cada integrante del proceso sabe con exactitud lo que tiene que hacer, así como los plazos y criterios para ello.
Adicionalmente, la necesidad de contar con procesos formales y conocidos es extensible a cualquier gestión del aparato público, desde aquellas de alta exposición, como la venta analizada, hasta otras más cotidianas como las licitaciones, el uso de vehículos fiscales o los procesos de gestión de personas, en las que también existen riesgos que podrían evitarse con un buen uso del compliance.
La exigencia ciudadana de transparencia y probidad hace que la integración de estos mecanismos al sector público haya dejado de ser opcional, siendo prioritario que las autoridades los difundan con convicción -el “tone from the top”-, y que los funcionarios que serán responsables de su diseño e implementación sean adecuadamente capacitados sobre el particular.
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