El intento de modificación de la norma sanitaria que reestructuraba las unidades hospitalarias ha generado una profunda preocupación en nuestro gremio. La pretensión de unificar áreas como ginecología, neonatología, pediatría y urgencias médico-quirúrgicas, pudo eliminar la diferenciación de las urgencias gineco-obstétricas, afectando gravemente la calidad de la atención especializada en salud sexual y reproductiva.
Decisiones como esta no solo incrementarían los tiempos de espera y diluiría el enfoque especializado, sino que también representaría un retroceso en el reconocimiento del rol histórico de la matronería e impediría la aplicación de leyes como la Ley Dominga.
Desde hace 190 años hemos impactado positivamente en indicadores como la mortalidad materna e infantil, la planificación familiar, el parto seguro y la lactancia. Excluirnos de estas funciones sería un menoscabo a nuestra labor, formación y compromiso con la salud pública.
Unificar urgencias sin considerar las necesidades clínicas específicas de las personas gestantes o con problemas ginecológicos es un riesgo más que evidente ¿Es razonable que una embarazada espere atención compartiendo sala con pacientes con infecciones respiratorias? Esto contradice los principios de una atención segura, preventiva e integral.
La atención especializada no es un privilegio, es un estándar. Cambios como estos van en contra de una atención con enfoque de derechos humanos y en desmedro de la salud sexual y reproductiva de las personas. Son retrocesos que no podemos dejar que se concreten, sobre todo cuando hace semanas venimos debatiendo sobre las condiciones que no permiten subir la tasa de natalidad en nuestro país.
Esperamos que, de ahora en adelante, decisiones tan importantes consideren la labor histórica que realizamos las matronas y no se tomen de espaldas a quienes estamos en la primera línea de la salud sexual y reproductiva.
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