El reciente escándalo en una sucursal de una cadena de farmacias, donde se denunció la falsificación de recetas médicas, no solo golpea la confianza de los pacientes en esa cadena, sino que también afecta la reputación de toda la red de farmacias y de los químicos farmacéuticos que ejercen en ellas. La imagen de un sector ya cuestionado por la opinión pública se ve aún más deteriorada, generando desconfianza en el sistema sanitario y comprometiendo la seguridad del paciente.
La gravedad de este hecho es doble: por una parte, constituye una vulneración directa del reglamento de farmacias y de la Ley de Fármacos, que establece que el químico farmacéutico es el responsable sanitario de cada establecimiento. Autorizar o permitir la falsificación de recetas significa incumplir este deber legal y ético. Por otro lado, la alteración de documentos de este tipo es un delito según el Código Penal, al configurarse como falsificación de instrumento privado y, además, como ejercicio ilegal de la medicina.
El caso expuso también un error grave de dispensación: la receta alterada contenía una dosis diez veces mayor a la indicada por el médico. De no haberse detectado, una sobredosis de este nivel podría haber tenido consecuencias fatales para el paciente.
Frente a lo ocurrido, urge reforzar protocolos internos con procedimientos claros, revisados y actualizados periódicamente, junto con capacitaciones constantes al personal. Asimismo, se requiere un esfuerzo sostenido de la autoridad sanitaria: campañas para fortalecer la ética profesional, información sobre los derechos de los pacientes y una fiscalización más estricta, que garantice un acceso seguro, eficaz y de calidad a los medicamentos.
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