Entre enero y noviembre de este año, 6.223 personas se declararon en quiebra a través de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, también conocida como Ley de Quiebras. Esto representa un aumento del 47% en comparación con el mismo periodo de 2024, según informó la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).
Además, durante lo que va de 2025, 4.180 personas han solicitado la renegociación de sus deudas bancarias y comerciales, lo que implica un incremento del 146% en comparación con igual lapso del año anterior.
A la luz de estas cifras, hay que recordar que la quiebra o situación de insolvencia de las personas puede ser un problema legal o administrativo, pero, ante todo, un fenómeno económico y social que se manifiesta a partir de decisiones individuales que fueron tomadas en un contexto muchas veces adverso. Entender por qué acontece es fundamental para avanzar hacia una mejor educación financiera y prevenir que más hogares vivan en esta situación.
Desde una visión económica, la insolvencia surge cuando el flujo de ingresos de una persona o familia se vuelve insuficiente para cumplir con sus obligaciones y compromisos financieros. En Chile, esta situación suele estar asociada a mercados laborales inestables, ingresos variables, informalidad y una alta dependencia del crédito de las familias para financiar consumo básico. Cuando el endeudamiento es utilizado como sustituto permanente del ingreso, y no como una herramienta de financiamiento para situaciones puntuales, el riesgo de tener un problema financiero se incrementa de forma significativa.
Un segundo factor relevante está relacionado con el costo del crédito, pues la existencia de tasas de interés elevadas, cobros adicionales y mecanismos de pagos mínimos hacen que las deudas, que en un principio pueden ser manejables, se transformen en cargas difíciles de sostener en el tiempo. Esto se agrava cuando las personas deben recurrir a múltiples créditos para hacer frente al pago de deudas contraídas con anterioridad, generando un efecto bola de nieve que termina por deteriorar cualquier margen de liquidez que tenga una persona o familia.
La falta de educación financiera también juega un rol primordial en estas situaciones. Muchas personas no tienen herramientas para poder hacer una evaluación de su real capacidad de endeudamiento, comprender el efecto de los intereses o anticipar escenarios que pueden ser adversos, como es el desempleo, una enfermedad o una disminución de los ingresos. En este contexto, decisiones que de forma aparente suelen ser racionales en el corto plazo, como es utilizar las tarjetas de crédito para cubrir gastos corrientes, son en la práctica decisiones que resultan demasiado costosas en el largo plazo.
Desde otro punto de vista, en los períodos de desaceleración económica se suelen incrementar este tipo de problemas. Cuando el crecimiento económico es menor y el empleo se debilita, los hogares con mayores niveles de endeudamiento son los primeros en caer en situaciones de insolvencia. La quiebra personal, en ese sentido, no debe leerse solo como un fracaso individual, sino como la manifestación de vulnerabilidades estructurales del sistema económico.
Por ello, abordar la insolvencia requiere algo más que mecanismos legales de salida. Implica fortalecer la educación financiera desde etapas tempranas, promover un uso responsable del crédito y avanzar hacia mercados laborales que entreguen mayor estabilidad. La quiebra puede ser una segunda oportunidad, pero la verdadera solución está en evitar que se transforme en la única salida posible.
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