La comunicación pública arrastra aún inercias del pasado. No solo en su lenguaje, sino también en sus herramientas, tiempos y formas de coordinación. Como si el entorno informativo no hubiera cambiado y la ciudadanía siguiera siendo una audiencia pasiva, homogénea y predispuesta a confiar. Esta desconexión —silenciosa pero persistente— atraviesa ministerios, servicios públicos y municipios, y se ha convertido en uno de los principales pasivos institucionales del país.
Durante décadas, comunicar desde lo público fue entendido como un ejercicio básicamente informativo: emitir mensajes, explicar decisiones y cumplir con el trámite de “dar cuenta”. En un ecosistema dominado por medios tradicionales, con audiencias relativamente estables y tiempos largos, ese modelo resultaba funcional. Hoy, sin embargo, el escenario es radicalmente distinto. La ciudadanía se informa en tiempo real, contrasta versiones, desconfía por defecto y evalúa no solo lo que se dice, sino la coherencia entre el discurso, la acción y los resultados.
El problema no es tecnológico. No se reduce al uso —o mal uso— de redes sociales ni a formatos que parecen detenidos en el tiempo. Es, ante todo, un problema cultural y estratégico. Gran parte del sector público sigue concibiendo la comunicación como un complemento de la gestión, y no como una dimensión estructural de ella. Se comunica tarde, de manera reactiva y fragmentada, cuando las decisiones ya están tomadas y los conflictos instalados.
Esta fragmentación se vuelve especialmente crítica en la relación entre los distintos niveles del Estado. Ministerios, servicios y municipios suelen comunicar de forma desalineada, con mensajes, prioridades y tiempos distintos, aun cuando enfrentan a la misma ciudadanía. La falta de integración vertical no solo confunde: erosiona la confianza. En contextos de crisis —emergencias, seguridad, educación o salud— esa descoordinación amplifica la percepción de desorden, incluso cuando existen esfuerzos reales de gestión y coordinación operativa.
La agenda informativa reciente refleja este patrón de manera reiterada. Políticas públicas anunciadas con ambición, pero implementadas sin un relato claro; medidas que se ajustan sobre la marcha sin explicación suficiente; vocerías múltiples que se superponen o se contradicen. El resultado es predecible: incertidumbre, desgaste institucional y una sensación persistente de improvisación que no siempre refleja la complejidad real de los problemas que se intentan abordar.
Uno de los errores más frecuentes es confundir comunicación con difusión. Creer que basta con emitir comunicados, aumentar la presencia mediática o reaccionar en redes sociales. Pero la comunicación pública, entendida estratégicamente, no es solo transmisión de información. Es gestión de expectativas, construcción de sentido y una herramienta clave para sostener legitimidad en entornos de alta desconfianza y escrutinio permanente.
Modernizar la comunicación pública no es un lujo ni una moda importada del mundo corporativo. Es una condición básica para gobernar, gestionar y prestar servicios en sociedades fragmentadas y escépticas. Persistir en esquemas propios de los años 90 puede parecer cómodo, pero tiene un costo creciente en confianza, reputación institucional y gobernabilidad.
En un contexto donde la legitimidad ya no se hereda y debe construirse día a día, seguir comunicando de manera fragmentada, reactiva y anacrónica no es solo un problema de forma. Es un riesgo estructural que el sistema público —en todos sus niveles— ya no puede darse el lujo de ignorar.
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