La entrada en vigencia completa de la ley de plásticos de un solo uso, este viernes 13 de febrero, representa un avance relevante en la agenda ambiental del país. Con el inicio de esta última etapa, Chile consolida una norma que busca reducir la generación de residuos y avanzar hacia modelos de consumo más responsables, un objetivo que el país exige con urgencia frente a la crisis ambiental que enfrentamos.
Como toda política pública estructural, su implementación abre también un espacio legítimo para la reflexión técnica, especialmente hoy que el comercio enfrenta exigencias mayores, como la obligatoriedad de que los supermercados destinen al menos un 30% de sus vitrinas a envases retornables. Más que cuestionar el espíritu de la ley, el desafío hoy es cómo asegurar que su aplicación contribuya efectivamente a una economía circular y no se limite a una lógica de sustitución de materiales.
La normativa introduce distinciones operativas, como el consumo “en mesa” versus “para llevar”, que buscan facilitar la transición del sector gastronómico hacia formatos reutilizables. Sin embargo, estas diferencias invitan a profundizar la discusión sobre el impacto real de los residuos y su destino final. El lugar de consumo importa menos que la capacidad del sistema para hacerse cargo de los materiales una vez utilizados.
Otro aspecto relevante es la incorporación de distintos tipos de materiales bajo un mismo marco regulatorio. Plásticos, cartones, papeles y productos de origen vegetal tienen comportamientos ambientales y posibilidades de valorización muy distintas. Reconocer esas diferencias no debilita la ley; por el contrario, permite afinarla y potenciar soluciones que ya funcionan dentro de cadenas productivas circulares.
La experiencia demuestra que no basta con prohibir ciertos productos si no existe infraestructura, fiscalización y articulación con instrumentos como la Ley REP. Muchos materiales que hoy se presentan como “alternativos” requieren condiciones específicas para ser reciclados o compostados; de lo contrario, terminan siguiendo el mismo destino que los residuos que buscan reemplazar.
Chile ha dado una señal importante. El siguiente paso es asegurar que esa señal se traduzca en sistemas que funcionen, residuos que se valoricen y políticas que evolucionen con evidencia y colaboración.
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