El 2 de octubre de 2025, el Gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric, en una ceremonia liderada por el ministro de Justicia Jaime Gajardo y el ministro del Trabajo Giorgio Boccardo, impulsó la creación del Tercer Juzgado Laboral de Santiago y el fortalecimiento de tribunales especializados en distintas regiones del país. El objetivo es claro: descongestionar el sistema y garantizar una justicia laboral rápida, técnica y oportuna.
Esta política pública reconoce una verdad estructural del derecho del trabajo: la relación laboral es inherentemente desigual, y el acceso a justicia eficaz es una herramienta indispensable para equilibrar esa asimetría.
Sin embargo, mientras el fortalecimiento institucional avanza en la capital y en ciudades como Antofagasta, Concepción y Punta Arenas, surge una interrogante inevitable: ¿por qué la provincia de Los Andes permanece fuera de esta discusión?
Una necesidad estructural, no simbólica
La provincia carece de un Juzgado de Letras del Trabajo especializado. Las causas laborales se tramitan ante tribunales de competencia común que, además de materias laborales, conocen asuntos civiles, penales, mineros y otras áreas. El resultado es una sobrecarga sistémica que impacta directamente en los tiempos de tramitación y en la calidad del servicio judicial.
La realidad local muestra un incremento sostenido de litigios por despidos, subcontratación, tutela de derechos fundamentales y conflictos colectivos. Este escenario exige especialización técnica permanente en una disciplina que evoluciona con rapidez, tanto por reformas legales como por desarrollo jurisprudencial.
La creación de un tribunal laboral en la provincia permitiría:
- Descongestionar la judicatura existente.
- Garantizar justicia oportuna en materias donde el tiempo es crítico.
- Elevar el estándar técnico de las decisiones judiciales.
- Acercar la justicia a la ciudadanía, reduciendo costos indirectos.
Sin especialización no hay justicia eficaz
El sistema procesal laboral chileno, diseñado en el Libro V del Código del Trabajo, se sustenta en oralidad, inmediación, concentración y celeridad. Estos principios no son retóricos: requieren tribunales dedicados exclusivamente a la materia laboral para materializarse.
La experiencia de jurisdicciones con juzgados especializados demuestra reducciones sustanciales en tiempos de resolución y mayor consistencia jurisprudencial, como ocurre en la vecina ciudad de San Felipe.
Aplicar el mismo criterio técnico que justificó nuevos tribunales en otras regiones obliga a evaluar objetivamente la situación de Los Andes: volumen de causas, complejidad de litigios y demanda social efectiva. Los indicadores son claros y consistentes con la necesidad de especialización.
La demora en sentencias: una vulneración silenciosa
El artículo 457 del Código del Trabajo establece un plazo máximo de quince días para dictar sentencia tras la audiencia de juicio. En la práctica local, las decisiones judiciales están demorando aproximadamente siete meses.
No se trata de un retraso menor. En derecho laboral, el tiempo es parte del derecho sustantivo. Un trabajador despedido o víctima de vulneración de derechos fundamentales no puede esperar medio año por una resolución que legalmente debía dictarse en semanas.
Este desfase no responde a falta de diligencia judicial, sino a una sobrecarga estructural que el diseño actual ya no soporta.
Un llamado institucional
La creación de un tribunal laboral no es una demanda corporativa. Es una necesidad pública vinculada al acceso real a la justicia.
La provincia cumple un rol estratégico en la Región de Valparaíso, con intensa actividad minera, agrícola, comercial y de servicios. Esa dinámica productiva inevitablemente genera conflictos laborales que requieren respuesta especializada y oportuna.
Fortalecer la justicia laboral no solo protege derechos: aporta estabilidad social, certeza jurídica y desarrollo regional.
El rol de la abogacía laboral especializada
Quienes ejercemos defensa laboral en la zona observamos diariamente las consecuencias humanas y económicas de la congestión judicial. Desde la experiencia práctica, el diagnóstico es inequívoco: la infraestructura institucional actual es insuficiente para responder a la demanda.
Como abogado, dedicado exclusivamente al derecho del trabajo, he sostenido de manera consistente que la modernización de la justicia laboral debe llegar también a las provincias. La especialización no es un lujo técnico: es una condición mínima para garantizar tutela judicial efectiva.
Hoy Chile avanza en fortalecer su sistema laboral. La provincia de Los Andes no puede quedar al margen de ese proceso.
La creación de un tribunal laboral especializado no es una aspiración teórica. Es una medida urgente para restablecer coherencia entre el modelo procesal que la ley promete y la justicia que la ciudadanía efectivamente recibe.
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