Hoy se conmemoran 16 años del terremoto y tsunami que afectó la zona centro-sur de Chile, dejando más de 500 fallecidos, cientos de miles de viviendas dañadas y personas damnificadas, además de numerosas infraestructuras críticas severamente afectadas. El proceso de reconstrucción tras esta catástrofe tardó más de una década; paralelamente, se reformó el sistema nacional de gestión del riesgo y emergencias, reemplazando la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres). Asimismo, el enfoque de "reconstruir mejor" permitió incorporar criterios de mitigación del riesgo en nuevos espacios públicos y viviendas levantadas en lugares seriamente afectados. En síntesis, hoy contamos con instituciones, sistemas urbanos y una ciudadanía más resilientes y mejor preparados para enfrentar desastres que, sabemos, volverán a ocurrir.
Lamentablemente, la experiencia demuestra que han sido necesarias grandes catástrofes para impulsar cambios profundos en la preparación frente a los desastres. Factores causantes como la pérdida de memoria histórica (producto de priorizar las urgencias del presente por sobre la planificación de largo plazo), la negación del riesgo, la escasa divulgación y comprensión de la información basada en evidencia (a menudo desplazada por creencias infundadas), la resistencia a financiar medidas de mitigación cuando afectan intereses particulares y la falta de voluntad política para impulsar transformaciones que no rinden beneficios inmediatos, han sido ampliamente documentados en la literatura científica.
Los desastres que afectan a Chile nos interpelan a romper este patrón. Es indispensable consolidar la transición desde un enfoque reactivo hacia uno preventivo, donde la planificación, la construcción de escenarios de riesgo y la identificación de vulnerabilidades en nuestros sistemas urbanos e infraestructurales sean prioridades permanentes. En una región como Valparaíso, expuesta a terremotos, tsunamis, incendios y con una compleja geografía de cerros y quebradas, esta tarea es especialmente urgente. También es fundamental fortalecer la preparación de la población, entendiendo que, en las primeras horas de una emergencia, la ciudadanía deberá actuar de manera autónoma. Aunque se ha avanzado mediante simulacros y campañas preventivas, la aparición de amenazas cada vez más diversas, frecuentes y extremas exige revisar y actualizar protocolos de forma constante.
Debemos asumir que somos un país en permanente reconstrucción y consolidar una institucionalidad capaz de responder con rapidez, pero también con visión de largo plazo, a las múltiples necesidades humanas y materiales que surgen tras cada catástrofe. La resiliencia no puede depender de la magnitud del próximo desastre, sino de las decisiones informadas que tomemos hoy.
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