La corrupción no sólo es un asunto penal; también es un asunto social, pues merma la confianza en las instituciones, en las autoridades e incluso en la población. Por eso es importante no sólo considerar los casos de corrupción en tribunales, sino también cómo se mueven las percepciones en la materia. De alguna forma, la legitimidad del sistema democrático se juega en esa cancha.
En este sentido, resulta clave destacar el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado recientemente por Transparencia Internacional. Chile obtuvo 63 puntos de un máximo de 100 (mientras mayor es el puntaje, el país es percibido por sus ciudadanos como menos corrupto) y se ubica en el lugar 31 a nivel mundial, segundo en América Latina después de Uruguay (73 puntos, puesto 17). En un contexto en que el promedio global volvió a caer —situándose en 43 puntos— y en el que dos tercios de los países están bajo 50, mantenerse en la parte alta de la tabla no es menor. Pero al hacer un doble clic en los resultados, podemos ver una foto que tiene algo de dulce y agraz.
El vaso medio lleno muestra que seguimos liderando en la región, lejos de Venezuela (10 puntos), Nicaragua (14) y Haití (16), al fondo de la tabla. También estamos por sobre naciones como España, Portugal o Corea del Sur. Algo estamos haciendo bien. La labor de la Contraloría, la existencia de una Ley de Transparencia que ya tiene más de 15 años de vigencia y una sociedad civil activa explican parte de ese desempeño.
Pero también se puede ver el vaso medio vacío: Chile está estancado respecto del año pasado y desde 2014, cuando lideró América Latina, incluso por sobre Uruguay, sólo ha retrocedido. Esta tendencia es preocupante, porque la sostenida baja en percepción de corrupción ya parece ser algo estructural y no anclado en un episodio en particular. Se requiere, por tanto, un cambio de estrategia.
Chile tiene condiciones para pelear el liderato. Contamos con institucionalidad, prensa libre y capacidades técnicas. Pero —usando una metáfora futbolera— en vez de salir a golear, parecemos cómodos defendiendo un estrecho uno a cero.
¿Qué significa salir a ganar el partido? Se requiere un cambio de estrategia, con componentes institucionales y normativos (por ejemplo, tenemos dos proyectos para reformar la ley de transparencia y la ley de lobby durmiendo en el Congreso). El nuevo Gobierno puede ayudar, pero no es un asunto propio de una administración; se requiere un compromiso global, de todo el Estado e incluso de la sociedad civil. Sólo así se puede generar una cultura que logre demostrar un cambio de tendencia en la percepción de la corrupción.
Conformarse con “estar mejor que el promedio regional” no puede ser nuestra meta. Si aspiramos al desarrollo, debemos aspirar también a estándares OCDE en integridad pública. La buena noticia es que no partimos de cero. La mala es que cuesta cambiar estructuras que llevan años atascadas.
En materia de corrupción, como en tantas otras, no basta con no empeorar. Cuando se trata de confianza social, sólo sirve avanzar.
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