Durante las últimas décadas, Chile ha logrado un objetivo que parecía inalcanzable: transformar su sistema de educación superior en un espacio amplio y diverso, con más de un millón de estudiantes. Ese es, sin duda, un logro país. Pero como ocurre en política pública, resolver un problema abre otro. Hoy, la educación superior chilena ya no enfrenta una crisis de acceso, sino una encrucijada más profunda: una crisis de diseño y de equidad.
Porque, si bien el acceso ha crecido, este sigue siendo inequitativo en su origen. Mientras cerca del 90% de los egresados de colegios particulares accede a la educación superior, esa cifra desciende a aproximadamente un 66% en el caso de los egresados de establecimientos públicos. El sistema, por tanto, es masivo, pero no equitativo. Y esa diferencia inicial no solo refleja desigualdad previa, sino que la reproduce.
A ello se suma una estructura formativa que muestra signos de agotamiento. Las trayectorias siguen siendo largas y rígidas, con duraciones reales que superan en más de dos años lo formalmente establecido. En contraste, varios sistemas de educación superior en el mundo han avanzado hacia modelos más flexibles, con certificaciones intermedias, trayectorias modulares y formación a lo largo de la vida, permitiendo adaptarse a contextos laborales dinámicos y cambiantes.
El modelo de financiamiento tampoco ha logrado evolucionar al mismo ritmo. Se ha avanzado en cobertura, pero se sigue financiando el proceso completo más que el resultado formativo. La crisis del CAE es, en este sentido, una señal elocuente: no solo de tensión financiera, sino de una desconexión entre formación, empleabilidad y expectativas.
Las Universidades, observan este escenario con claridad. Las instituciones han hecho esfuerzos significativos por innovar, pero la creciente sobrerregulación ha limitado estos espacios. La acumulación de normas y exigencias ha rigidizado el sistema, dificultando la diferenciación y la capacidad de adaptación.
Por ello, es importante señalar que los cambios estructurales que hoy se requieren no pueden provenir únicamente desde las instituciones. Deben ser impulsados desde el Ejecutivo y el Legislativo, que son quienes pueden redefinir los marcos regulatorios y habilitar un sistema más flexible y pertinente.
La experiencia comparada muestra que los sistemas que logran adaptarse, integrando flexibilidad, pertinencia y equidad, son aquellos que mejor responden a los desafíos del presente.
Porque en educación, como en la vida, los sistemas que no se adaptan, terminan quedando atrás.
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