En los últimos años, el sistema educativo chileno ha avanzado en la implementación de políticas orientadas a reconocer las necesidades educativas de los estudiantes. El Programa de Integración Escolar (PIE) y los procesos diagnósticos han permitido visibilizar diversas condiciones que inciden en el aprendizaje. Sin embargo, este avance ha evidenciado una brecha relevante, y es que la salud mental continúa siendo abordada de manera fragmentada y, muchas veces, subordinada al diagnóstico.
Actualmente, los contextos educativos enfrentan un aumento del malestar emocional en niños, niñas y jóvenes, expresado en dificultades de autorregulación, desmotivación, conflictos de convivencia e incluso episodios de violencia. Esto plantea la necesidad de cuestionar si las políticas públicas están abordando las condiciones que sostienen el aprendizaje, o si se están limitando a categorizar a los estudiantes sin considerar sus trayectorias de vida.
El enfoque predominante ha priorizado la identificación de ciertas necesidades educativas como vía de acceso a apoyos, dejando en segundo plano muchas otras condiciones por ende la comprensión de la salud mental como una experiencia situada, influida por contextos sociales, familiares y culturales. No es posible comprender el aprendizaje sin considerar las condiciones en que ocurre, sobre todo en entornos de vulnerabilidad, exposición a riesgos, rutinas fragmentadas y escasos espacios de contención emocional desde la infancia.
En este sentido, el espacio educativo no solo transmite contenidos, sino que también es clave para el desarrollo de habilidades socioemocionales como la autorregulación, la autoeficacia y la construcción de vínculos. Sin embargo, la sobrecarga curricular, la falta de tiempo y la escasa formación en salud mental dificultan su abordaje sistemático.
Comprender el aprendizaje como una ocupación compleja, que se construye en la interacción entre la persona, sus contextos y sus oportunidades de participación, permite reconocer que la salud mental no es un elemento accesorio, sino una condición base para el desarrollo. Cuando estas oportunidades se ven restringidas, se generan procesos de deprivación ocupacional que afectan directamente el bienestar y las posibilidades de aprender.
Avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva implica transitar desde un modelo centrado en el diagnóstico hacia uno que reconozca las trayectorias, los contextos y las experiencias de los estudiantes. Esto requiere fortalecer las políticas públicas en salud mental escolar, incorporar enfoques interdisciplinarios y generar condiciones reales para un acompañamiento emocional continuo, donde toda la comunidad educativa participe.
La inclusión no puede reducirse al acceso ni a la categorización. Sin bienestar emocional, no hay aprendizaje posible. Y sin una mirada integral que articule educación y salud mental, seguiremos enfrentando respuestas parciales frente a problemáticas que son, en esencia, profundamente complejas y sociales.
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