La decisión del actual gobierno de retirar de la Contraloría el decreto vinculado a la implementación de la nueva Ley de Adopción no es una señal menor y resulta preocupante. Ya que se vuelve a postergar una discusión que Chile arrastra hace más de una década y retrasa la entrada en vigencia de un mecanismo que buscaba agilizar procesos judiciales, acortar tiempos de espera y entregar respuestas más oportunas a niños, niñas y adolescentes.
No se trata sólo de una medida administrativa o política. Se trata de una decisión que impacta directamente en trayectorias de vida marcadas por la vulneración de derechos, la fragilidad de los vínculos y la demora sistemática en las respuestas del Estado.
La Convención sobre los Derechos del Niño es clara, y mandata a los Estados a asegurar que el interés superior del niño debe ser una consideración esencial en todas las medidas que les afecten. Bajo ese principio, ninguna decisión institucional es neutra. Menos aún cuando lo que está en juego es el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia y a construir vínculos estables en tiempos compatibles con su desarrollo.
La discusión entonces no debiera darse al margen de la evidencia. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia indicó en 2025, que en nuestro país cada año se concretan cerca de 250 adopciones. Por su parte, UNICEF Chile, ha señalado que el sistema nacional ha evolucionado de manera significativa, hacia un enfoque orientado a la protección integral, basado en el derecho a la identidad, el reconocimiento de diversas configuraciones familiares y la necesidad de respuestas institucionales especializadas.
Por eso, el debate sobre adopción no puede reducirse a una controversia entre sectores, ni quedar atrapado en disputas políticas. Cuando esto ocurre, se pierde de vista lo esencial, la capacidad del Estado para responder de manera oportuna y consistente a quienes han vivido incertidumbre y desprotección desde edades muy tempranas.
El poner en pausa una reforma que estuvo doce años en discusión y que buscaba corregir trabas estructurales del sistema, requiere una explicación y fundamentos públicos claros. Más todavía cuando puede afectar el derecho de la niñez a crecer en un entorno familiar, desarrollar sentido de pertenencia y acceder a condiciones de cuidado acordes a sus necesidades.
La sociedad y sus marcos normativos han cambiado. Actualmente no hay espacio para procesos que entreguen respuestas genéricas, tardías o guiadas por una idea única de familia. Hablar hoy de adopción exige comprender que la pregunta central no es qué familia se ajusta mejor a determinadas convicciones o creencias particulares, sino qué condiciones favorecen de mejor manera el cuidado y el desarrollo de cada niño, niña o adolescente.
En un país que ha acumulado demasiadas deudas con la niñez, cualquier decisión que implique retrasar su bienestar, lo mínimo esperable es que se sostenga dentro de un contexto de discusión pública rigurosa, transparente y, sobre todo, centrada en su urgencia.
Insistir en el derecho a vivir en familia no es un eslogan, sino una obligación ética, política e institucional. Porque toda infancia merece algo más que quedar suspendida en debates que no llegan a tiempo, merece ser protegida, cuidada y vivida sin espera.
