Los recientes episodios de violencia escolar han reavivado un clamor que nunca se silenció del todo: ¡que regrese la autoridad del profesor! A través de la prensa se amplifica el malestar, se critica lo que algunos consideran políticas estatales garantistas y padres delegantes. Pero esta demanda por autoridad pasa por alto un matiz esencial: no toda autoridad educa, y su restauración no se logra solo con más mano dura.
Para aclararlo, recordemos qué implica educar. Educar va más allá de informar o resolver problemas —tarea que dominan apps e IA—; educar consiste en incorporar al alumno a un mundo de saberes, lenguajes y prácticas compartidas. Esto requiere mediación: un maestro que conduzca a quien ignora, señale el camino, marque el ritmo, seleccione lo central frente a lo accesorio y distinga lo verdadero de lo aparente. De ahí surge una asimetría natural entre maestro y estudiante, no basada en una superioridad moral ni en capacidades excepcionales, sino en posiciones distintas frente al conocimiento, la experiencia y la responsabilidad. Negarla no democratiza la educación: la desarma desde sus cimientos.
Pero conducir no basta sin su complemento: corregir. Cuando se producen interrupciones, desprecio o violencia que alteran el aula, el profesor debe contener esos desórdenes, exigir atención y respeto, y resguardar el espacio colectivo del aprendizaje. Esta corrección no es una coacción arbitraria ni un regreso a la época del castigo humillante, que confundía sumisión con orden, sino el límite productivo necesario para que el proceso vuelva a encauzarse. Conducir y corregir forman, juntos, la autoridad genuina, etimológicamente ligada a augere: acrecentar. Su horizonte no es la dependencia indefinida del estudiante, sino el despliegue de capacidades que le permitan desenvolverse con mayor autonomía.
Y aquí hay algo fundamental que no puede olvidarse: el profesor no ocupa su lugar para encauzar el conflicto, ni para asumir tareas de contención ajenas a la enseñanza, ni para arbitrar cuando la situación se desborda. Puede verse obligado a hacerlo en determinadas circunstancias, pero ese desplazamiento no define su función propia. Entonces, cuando la violencia amenaza la vida escolar, lo que se compromete no es solo la convivencia, sino la posibilidad misma de enseñar y de aprender. Por eso, si algo debe restituirse hoy, no es la autoridad como poder de mando, sino la autoridad pedagógica como condición constitutiva del vínculo educativo.
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