El reciente caso ocurrido en Argentina, que involucra a una niña víctima de abuso sexual en un contexto de embarazo avanzado, expone con crudeza fallas profundas en la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Se trata de una señal de alerta para toda la región respecto de las brechas en el acceso oportuno, la detección de violencia y la respuesta del sistema de salud.
En Chile, la interrupción del embarazo está regulada por la Ley N.º 21.030, que permite el aborto en tres causales: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de violación, con un límite de 14 semanas en menores de 14 años. Los registros del Ministerio de Salud dan cuenta de su implementación progresiva desde 2018, evidenciando tanto su relevancia como sus limitaciones en la cobertura efectiva. Es necesario continuar el debate.
Desde la salud pública, distintos organismos internacionales han documentado que restringir el acceso a servicios de aborto no elimina su ocurrencia, sino que incrementa la probabilidad de que se realicen en condiciones inseguras, con consecuencias evitables para la salud de mujeres y niñas. En la misma línea, el acceso oportuno a prestaciones de salud sexual y reproductiva forma parte de los estándares recomendados para resguardar la vida, la salud y la dignidad.
Chile ha mostrado avances sostenidos en la reducción de la mortalidad materna, proceso que se ha vinculado a políticas integrales: acceso a anticoncepción, control prenatal y atención profesional del parto. Este recorrido refuerza la idea de que los mejores resultados sanitarios se logran cuando el sistema garantiza un acceso oportuno, continuo y de calidad.
En este contexto, el caso argentino no solo interpela a los sistemas de salud y de justicia. También visibiliza el rol insustituible de quienes están en la primera línea del cuidado: las matronas y matrones.
El Día Internacional de la Matronería es una fecha que invita a reconocer una labor esencial para la salud pública. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha estimado que una mayor cobertura de servicios de matronería permitiría prevenir una proporción significativa de muertes maternas y neonatales, además de fortalecer la respuesta frente a situaciones de vulneración de derechos.
La matronería abarca mucho más que la atención del parto. Incluye educación sexual, prevención de embarazos no planificados, detección de violencia, consejería en anticoncepción y acompañamiento en decisiones complejas, dentro del marco legal vigente. En escenarios como el descrito, su intervención puede incidir directamente en la oportunidad de la atención y en la protección efectiva de niñas y adolescentes.
Para que este rol se despliegue plenamente, se requieren condiciones que lo hagan posible, como formación con enfoque de derechos, redes de derivación oportunas y sistemas de salud que aseguren el acceso sin barreras. Cuando estos elementos no están garantizados, las consecuencias se expresan en trayectorias de atención tardías y en mayores niveles de riesgo.
Proteger derechos exige acciones consistentes. Y, en ese desafío, la matronería ocupa un lugar central que merece ser fortalecido con decisión.
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