La propuesta de eliminar las contribuciones para todos los mayores de 65 años tiene beneficios claros, pero también costos que se deben considerar. Por un lado, permite aliviar el gasto de muchas personas mayores, especialmente de aquellas con ingresos acotados que destinan una parte importante de su presupuesto a mantener su vivienda. En ese sentido, es una medida que puede mejorar directamente su bienestar y otorgar mayor tranquilidad en la vejez.
Sin embargo, su costo fiscal no es menor, estimándose en cerca de US$200 millones anuales. Además, una fracción relevante del beneficio llegaría a personas que no necesariamente enfrentan dificultades económicas, ya que el pago de contribuciones se concentra en propiedades de mayor valor. A esto se suma el impacto en los ingresos municipales, que financian servicios esenciales como seguridad, aseo y mantención de espacios públicos, junto con una menor contribución al Fondo Común Municipal, lo que podría afectar indirectamente a comunas con menos recursos.
Asimismo, una exención generalizada reduce la capacidad de focalizar el apoyo en quienes realmente lo necesitan, diluyendo el efecto de los recursos públicos y limitando su impacto social.
En conclusión, se trata de una medida con efectos positivos evidentes, pero que plantea dudas sobre su alcance y eficiencia. El desafío es encontrar un equilibrio entre aliviar a quienes lo necesitan y el uso eficiente de los recursos disponibles.
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