Escribo estas líneas no desde la teoría académica ni desde la vereda del observador externo, sino desde la realidad diaria de quien se desempeña en el corazón de la educación pública. Esta perspectiva me permite afirmar que lo que hoy está en juego no es solo un modelo administrativo, sino el derecho fundamental de miles de niños y jóvenes a una formación de calidad, digna y equitativa.
El actual Gobierno llegó con la promesa de fortalecer la educación pública como el "eje motor" de la movilidad social. Sin embargo, observamos con desconcierto una brecha creciente entre el discurso y la ejecución política. Es imperativo reflexionar sobre la postura que el Presidente de la República ha manifestado respecto a la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Si bien es legítimo evaluar y corregir la implementación de esta política, el cuestionamiento público y la ralentización del proceso generan una incertidumbre que debilita la confianza en el sistema estatal frente al sector privado.
La priorización de la educación pública debe ser una acción concreta de Estado, no una declaración de principios. Resulta contradictorio que, mientras se manifiestan dudas sobre la Nueva Educación Pública, se observen medidas políticas y presupuestarias que, en la práctica, terminan por robustecer la educación particular subvencionada. Al analizar la ejecución del gasto y las políticas de financiamiento, se hace evidente que el sistema de "vouchers" o subvención por asistencia sigue favoreciendo la migración de matrículas hacia el sector privado, dejando a las escuelas públicas —especialmente las rurales y de zonas extremas— en una situación de desfinanciamiento estructural.
La evidencia es clara: fortalecer la educación pública requiere un compromiso presupuestario que trascienda la lógica del mercado. No podemos permitir que el Estado aparezca más cómodo administrando la crisis que transformando el sistema. Priorizar significa asignar recursos suficientes para infraestructura, innovación pedagógica y condiciones laborales dignas, sin que estas dependan de la gestión de turno de cada municipio o de la agilidad de un servicio local en formación.
El llamado es a la coherencia. Si el objetivo es realmente la justicia social, el fortalecimiento del sistema estatal debe ser la prioridad absoluta, por sobre los intereses de la educación privada. Abandonar o postergar la consolidación de la educación pública es, en última instancia, abandonar el futuro del país.
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