Que el crimen organizado haya entrado en el sistema bancario es un cambio radical para el sistema financiero en Chile. La delincuencia ha dejado de ser un problema policial o de seguridad ciudadana como estábamos acostumbrados, para transformarse en un desafío de primer orden. La delincuencia ya traspasó fronteras y opera bajo otra lógica; llegando a ser algo consolidado que se puede llamar economía del crimen, que cuenta con estructuras de costos, mecanismos para diversificar riesgo, sistemas de logística que cruzan las fronteras y algo nuevo, una estrategia de ingresar en mercados formales.
Desde una mirada económica, las organizaciones criminales están operando de forma similar a una empresa, ya que maximizan sus beneficios mediante el aprovechamiento de economías de escala en mercados ilegales. Pero para que esto sea viable a largo plazo, dependen de la capacidad para poder blanquear esos flujos de recursos. Es en este punto donde la realidad chilena muestra una dificultad que llega a ser preocupante. El uso de cuentas bancarias, transferencias y empresas fachada no son incoherencias del sistema; son el conducto preciso para que el dinero ilícito aflore en el sistema financiero legal y pueda llegar a financiar operaciones de mayor envergadura.
Esta nueva situación incorpora duras distorsiones en el normal funcionamiento de la economía. El ingreso de recursos de origen ilícito altera las reglas de la libre competencia, afectando directamente al comercio lícito, a través de un arbitraje informal y el lavado de activos en sectores intensivos en efectivo, como puede ser el sector inmobiliario o el comercio detallista. Asimismo, deteriora la confianza en las instituciones, incrementando los costos de transacción debido a la necesidad de implementar barreras de seguridad más complejas y, eventualmente, puede deteriorar la reputación financiera del país, encareciendo el acceso al crédito internacional.
Frente a la existencia de asociaciones ilícitas que cuenten con asesores financieros y estructuras en el sistema financiero, la respuesta del Estado no puede limitarse a tener más policías o carabineros en las calles. El combate contra el crimen organizado debe ser en todos los órganos del Estado, el país necesita una modernización urgente de sus sistemas de inteligencia financiera, reforzando la capacidad de fiscalización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y endureciendo las exigencias de cumplimiento de todo el sistema financiero y conocimiento sobre los beneficiarios finales de las operaciones bancarias.
La situación actual es clara, el crimen organizado ha demostrado una capacidad de adaptación y sofisticación institucional. Si las políticas públicas insisten en tratar este fenómeno con herramientas del siglo pasado, ignorando su dimensión económica y financiera, seguiremos llegando tarde. Desarticular la economía del crimen exige cortar de raíz sus incentivos monetarios. Solo asfixiando su estructura financiera y blindando el sistema bancario formal podremos evitar que la violencia y la ilegalidad terminen por capturar los cimientos del desarrollo nacional.
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