Hay verdades incómodas que los datos convierten en urgencias. Una de ellas es esta: en 2024 un joven mapuche, aymara o diaguita tenía 17 puntos porcentuales menos de probabilidad de llegar a la universidad que su par no indígena. No se trata de una anécdota ni de una excepción; es una constante que el Censo 2024 ratifica, al igual que ha quedado demostrado en recuentos anteriores.
El Estado chileno no ha estado ausente. Existe el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, creado hace casi tres décadas. Están las becas indígenas, la gratuidad; sin embargo, los instrumentos creados para corregir la desigualdad no han logrado revertir. El PEIB – programa que prometía restituir la lengua y la cosmovisión en el aula – llega a solo el 46,3% de los establecimientos con matrícula indígena. Uno de cada dos niños y niñas originarios estudia en un colegio donde nadie enseña su lengua ancestral.
¿Y las becas? El aporte mensual para educación superior equivale al 33,7% del salario mínimo. Esta cifra no alcanza para cubrir arriendo, transporte ni alimentación, si el estudiante debe alejarse de su comunidad rural, que es el caso del 60% de la matrícula indígena del país.
Los pueblos originarios tienen derecho no solo a entrar al sistema, sino a permanecer en él y que les hable en su propia voz. Ese es el estándar que el Convenio 169 de la OIT exige y que como país debemos aspirar a cumplir.
La pregunta ya no es si sabemos qué falla. Los datos lo dicen con precisión. La pregunta es cuánto más vamos a esperar para actuar correctamente.
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