El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma del proyecto "Aula Segura" que inhabilitaba a los condenados por ciertos delitos graves para acceder a la gratuidad universitaria. El Ejecutivo la presentó como una señal de firmeza frente a la violencia escolar. El TC la rechazó. Y tuvo razón, aunque las razones van más allá del fallo, que conoceremos en detalle en los próximos días.
Lo cierto es que hay un riesgo profundo en convertir la educación en un mecanismo de castigo. Cuando el Estado condiciona el acceso al conocimiento al comportamiento previo del ciudadano, transforma silenciosamente un derecho social en una recompensa condicionada. La gratuidad no es un privilegio que se otorga por buena conducta: su titularidad depende de condiciones socioeconómicas, no del historial delictual del postulante.
Con su sentencia el Tribunal Constitucional lo dijo con claridad: la sanción accesoria carecía de proporcionalidad y afectaba el núcleo esencial del derecho a la educación, constituyendo además una discriminación arbitraria contraria a la igualdad ante la ley. Una doble sanción que, además, recaería principalmente sobre los jóvenes más vulnerables, precisamente quienes más necesitan el financiamiento estatal para acceder a la universidad y, desde ahí, a la reinserción.
La violencia en los establecimientos escolares es un problema real que exige una respuesta institucional seria. Legislar con el impulso del escarmiento no protege a nadie: simplemente perpetúa la exclusión bajo el disfraz de la firmeza. El fallo no es un obstáculo; es una invitación a legislar de mejor forma.
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