A las Autoridades de las Provincias de Los Andes y San Felipe
Desde la Colectiva Feminista Aconcagua, nos dirigimos a ustedes con el propósito de manifestar nuestra profunda preocupación e interpelar directamente a aquellas voluntades institucionales que, ante la gravedad de los hechos, han optado por la inacción o la indiferencia.
En las últimas semanas, nuestras provincias han enfrentado la viralización, almacenamiento y difusión masiva de registros audiovisuales íntimos no consentidos. Como colectiva, reconocemos y valoramos que la respuesta institucional no ha sido homogénea y que en algunos espacios de este territorio sí ha existido disposición para abordar la crisis. Sin embargo, la persistencia de la inercia, el silencio o la lentitud burocrática por parte de ciertas autoridades locales frena cualquier avance colectivo y deja en la más absoluta desprotección a las víctimas de nuestras comunas.
Desde una perspectiva de derechos humanos y enfoque de género, es imperativo recordar que la filtración de material íntimo sin consentimiento no es un conflicto del ámbito privado ni un mero fenómeno tecnológico. Es, en esencia, violencia de género digital: un mecanismo de vulneración contemporáneo que busca disciplinar, humillar y menoscabar la integridad psíquica, la honra y la dignidad de las mujeres. El entorno digital es hoy una extensión del territorio que habitamos, y tanto el Estado como las autoridades tienen la obligación de garantizar que sea un espacio seguro.
Queremos ser enfáticas: esta crisis no se soluciona únicamente persiguiendo el archivo digital. La violencia se sostiene y se multiplica gracias a la complicidad del morbo y al silencio social. Necesitamos un repudio público e institucional tajante. Cuando las autoridades no condenan estos hechos de forma abierta y enérgica, envían un mensaje devastador a la comunidad: que la intimidad de las mujeres es transable y que su vulneración es tolerable. La condena social y política debe ser explícita; el pacto de silencio y de consumo de este material debe romperse desde las esferas del poder hacia toda la ciudadanía.
Asimismo, el Estado chileno ha ratificado compromisos internacionales, como la Convención Belém do Pará, que lo obligan a actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Prevenir no es reaccionar cuando el video ya se viralizó; prevenir es educar. La falta de políticas locales de prevención digital en nuestros colegios, liceos y organizaciones comunitarias perpetúa una cultura que normaliza la violencia machista en internet. Cuando una autoridad decide mirar hacia el lado o ampararse en tecnicismos para no intervenir en educación y prevención, está incumpliendo un mandato ético y legal.
Por esta razón, interpelamos de cara a la comunidad del Aconcagua a aquellas autoridades que aún no se han hecho cargo, y les EXIGIMOS asumir su rol político, judicial y comunitario mediante las siguientes acciones urgentes:
- Pronunciamiento y Repudio Público Institucional: Exigimos una condena pública, clara y enérgica por parte de todas las alcaldías y delegaciones de ambas provincias, asumiendo una postura política de tolerancia cero a la violencia digital y al morbo social que la consume.
- Acciones de Prevención Estructural: Implementar de manera prioritaria programas educativos con enfoque de género y derechos humanos en los establecimientos educacionales y juntas de vecinos de Los Andes y San Felipe, concientizando sobre el consentimiento digital, la privacidad y la responsabilidad penal que implica almacenar o reenviar este material.
- Intervención Jurídica Activa: Que las autoridades correspondientes abandonen la pasividad y utilicen sus facultades legales para interponer las querellas criminales necesarias contra quienes originan, administran y difunden estos contenidos, desmantelando estas redes de explotación digital.
- Activación Real de Redes de Reparación: Garantizar la articulación inmediata y efectiva de los dispositivos de apoyo (como SERNAMEG y redes de salud mental locales), asegurando que el acompañamiento psicológico y social a las afectadas y sus familias sea digno, continuo y especializado.
La seguridad pública no se construye desde el escritorio ni desde el silencio. Las mujeres y disidencias del Valle del Aconcagua necesitamos instituciones activas en su totalidad, donde la inacción de unos pocos no hipoteque la vida y la dignidad de muchas.
Hacemos este llamado público para que quienes han permanecido al margen asuman su responsabilidad histórica y política. La comunidad está vigilante y organizada.
Exigimos justicia, prevención, repudio público y el fin de la indolencia digital institucional.
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