El Gobierno abrió la discusión de la reforma del empleo público que Chile ha postergado durante mucho tiempo. La Comisión Asesora convocada por el Ministerio de Hacienda, está integrada por doce especialistas y cuenta con 120 días para formular propuestas. Esta instancia incorpora trayectorias provenientes de distintos sectores políticos y profesionales. La decisión es un paso adelante, pero su verdadero valor dependerá de que esta vez el diagnóstico (muy compartido desde el punto de vista técnico) termine en reforma.
Desde hace décadas sabemos que el Estado chileno convive con regímenes laborales fragmentados, incentivos perversos, evaluaciones de desempeño que miden poco o nada, dificultades para premiar el mérito y una excesiva dependencia de cargos de confianza. También sabemos que ninguna reforma seria puede construirse sin la participación de los funcionarios públicos.
En este contexto, cabe traer a colación lo que hace más de veinte años formulo Allen Schick: un Estado moderno debe orientarse al rendimiento, ya que no basta cumplir procedimientos (el principio de juridicidad) sino producir resultados (valor público) a la altura de las expectativas de los ciudadanos. Pero Schick advertía algo más profundo. El rendimiento no puede reducirse a indicadores, contratos, o controles. Requiere una ética del servicio público, una cultura en que trabajar adecuadamente para el Estado vuelva a ser una vocación prestigiosa y en que mérito, responsabilidad y resultados formen parte de la identidad de la administración. Esto fue bautizado por este autor como la ética del rendimiento.
Por otra parte, la reforma no debería agotarse en modificar el Estatuto Administrativo, facilitar desvinculaciones por bajo desempeño o perfeccionar calificaciones. Todo ello puede ser necesario, pero sería insuficiente. La pregunta de fondo es qué servicio civil queremos para las próximas décadas. Esto obliga a generar un arreglo institucional que permita atraer talento, seleccionar por mérito, formar directivos, permitir movilidad, y premiar el buen desempeño, como a su vez, asegurar continuidad profesional frente a los cambios de gobierno.
Pues bien, el Gobierno tiene ahora una oportunidad mayor que la reforma al empleo público. Puede convocar a la creación de un verdadero servicio civil. Pero esta opción exige al oficialismo renunciar a la tentación de presentar a los funcionarios como el problema de todo y a la oposición abandonar la defensa automática del statu quo.
En consecuencia, Chile necesita un Estado que rinda y un servicio civil que haga posible ese rendimiento. Si esta reforma logra poner esa ambición en el centro, podría convertirse en uno de los legados institucionales más importantes de este Gobierno.
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