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Opinión

Chile al pizarrón

Por Alejandra Ríos Urzúa Directora Observatorio para la Inclusión, U. Andrés Bello

 

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A meses de cumplirse veinte años desde que la Asamblea General de la ONU adoptara la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD) -ratificada por Chile el año 2008- nuestro país "rindió examen" frente al Comité de Derechos de las PcD de Naciones Unidas. En este contexto, surge la pregunta: ¿cuánto de lo comprometido hace casi 2 décadas se ha convertido en derechos efectivos?

Chile ha avanzado y de ello no hay duda. Leyes como la de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social; la de Inclusión Laboral; el reconocimiento de la Lengua de Señas chilena, la Ley TEA y el Sistema de Apoyos y Cuidados reflejan la robustez alcanzada por nuestra institucionalidad. La discapacidad finalmente se instaló en la agenda pública.

A pesar de estos avances, se presentaron 2 informes: el oficial y "el sombra", muestra de una persistente brecha entre el marco normativo y su real impacto en la vida de las PcD. El 2016, el Comité observó una serie de debilidades al informe presentado en esa ocasión que aún siguen vigentes: elementos como la interdicción, la institucionalización; falta de apoyos para la vida independiente; barreras en materia de accesibilidad; ausencia de enfoque inclusivo en educación y ajustes razonables débiles e inorgánicos aún son barreras que las PcD enfrentan cotidianamente. En definitiva, reconocer los derechos no implica garantizarlos.

La presentación del informe en Ginebra debiera ser mucho más que una rendición de resultados. Debería ser una oportunidad para el Estado que permita avanzar realmente hacia la transformación del marco normativo en una mejora concreta en la calidad de vida de las PcD. Esto es, mayor autonomía, participación, dignidad y garantía de derechos. En pocos meses la Convención cumplirá veinte años y serán dieciocho desde que Chile se comprometiera adscribiendo a ella. Es momento de pasar de los compromisos y las buenas intenciones a acciones concretas con plazos, asignación de presupuesto, fiscalización y responsables. Así, para la próxima evaluación que el Estado deba enfrentar, llegaremos con la tarea hecha.


 
 
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