La muerte del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández, baleado mientras realizaba una fiscalización en Lo Espejo, vuelve a enfrentar al país con una realidad que corremos el riesgo de normalizar. Tenía 30 años y era padre de un niño pequeño. Murió mientras cumplía una función que representa una de las obligaciones más básicas del Estado: proteger a la población.
El ataque, cometido con un alto poder de fuego, no puede observarse únicamente como otro hecho policial. Cuando determinados territorios quedan expuestos a organizaciones o delincuentes capaces de enfrentar de esta manera a las policías, el problema alcanza también a quienes viven allí y conviven cotidianamente con esa violencia.
Nuestra Constitución establece que es deber del Estado dar protección a la población y a la familia. No se trata de una declaración simbólica. La seguridad permite ejercer otros derechos: desplazarse, trabajar, estudiar, ocupar los espacios públicos y vivir sin miedo. Cuando esa protección falla, son precisamente las comunidades más vulnerables las que terminan pagando el costo más alto.
Cumplir ese deber exige investigar, controlar las armas, perseguir el financiamiento del crimen organizado y entregar a las policías formación, recursos, una carrera funcionaria adecuada y reglas claras sobre el uso de la fuerza. Pero también exige entender que proteger no significa suspender garantías. La eficacia frente al delito y el respeto de los derechos fundamentales no deberían presentarse como objetivos incompatibles.
La seguridad tampoco puede descansar exclusivamente sobre los hombros de quienes realizan una fiscalización en la calle. Detrás de cada procedimiento debería existir un Estado capaz de anticiparse: inteligencia criminal, coordinación institucional, control fronterizo, persecución patrimonial y capacidad para impedir que armas de alto poder terminen en manos de organizaciones delictuales. Cuando esas herramientas fallan, la última barrera termina siendo muchas veces un funcionario enfrentado directamente a una amenaza que lo supera.
Aquí aparece una deuda que trasciende a un gobierno determinado. Durante años, nuestro sistema político ha tendido a legislar en materia de seguridad después de hechos que conmocionan al país. Una tragedia genera urgencia, declaraciones, proyectos y acuerdos que luego pierden velocidad cuando la atención pública se desplaza hacia otro tema.
Esa lógica reactiva resulta insuficiente frente al crimen organizado. Chile necesita una política de Estado sostenida, evaluada y capaz de sobrevivir a los ciclos electorales. La discusión tampoco puede reducirse a preguntarnos cuántas leyes faltan. Debemos preguntarnos por qué iniciativas relevantes tardan años en avanzar y cuánto de aquello que ya hemos legislado está funcionando realmente.
Cada nuevo asesinato de un funcionario policial vuelve a producir condenas, homenajes y llamados a acelerar la agenda de seguridad. El verdadero desafío es conseguir que esta vez la urgencia sobreviva a la conmoción.
Honrar a quienes mueren cumpliendo su deber exige mucho más que minutos de silencio. Requiere asumir que la seguridad pública no puede seguir avanzando al ritmo de nuestras tragedias.
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