Resulta desesperanzador que, mientras existen advertencias mundiales sobre las dificultades futuras para retener profesores, hoy se instale públicamente la figura del profesorado como excedente, como una lamentable suerte de sobredotación que debe ser corregida. Por eso adquiere especial gravedad la afirmación del ministro de Hacienda de que “el derecho a la educación no es la obligación de emplear”. La frase instala una falsa oposición entre el derecho a la educación y las condiciones laborales, profesionales y materiales que permiten garantizarlo.
Un país que se tomara seriamente su educación debería avanzar exactamente en la dirección opuesta: defender las escuelas, fortalecer la profesión docente, mejorar sus condiciones de ejercicio, disminuir progresivamente el número de estudiantes por sala y robustecer los equipos profesionales capaces de responder a aulas cada vez más diversas y complejas. Habría que explicar, entonces, mediante qué singular principio pedagógico una educación de mayor calidad podría conseguirse debilitando las capacidades profesionales que la hacen posible.
La declaración expresa, al menos para quienes somos profesores, un nuevo desprecio público hacia el profesorado y quienes sostienen cotidianamente las comunidades educativas. Hay una artimaña discursiva particularmente problemática cuando profesores y profesionales comienzan a ser traducidos en dotaciones, horas, costos, sobredotaciones y posibilidades de ajuste. Es un desdén público porque dejan de ser vistos como sujetos reflexivos necesarios para una buena educación y comienzan a ser tratados como un costo que hay que reducir.
Tampoco estamos frente a una declaración excepcional. Se inscribe en una secuencia de decisiones que han tensionado los recursos y capacidades de la educación pública. Comienza así a consolidarse una particular gobernanza educativa marcada por la reducción, racionalización, ajuste y otros criterios económicos. La pregunta de fondo es otra: ¿cuántos profesores y profesionales necesita una escuela para enseñar, acompañar, incluir, cuidar y ofrecer una educación de calidad?
Nos indignamos con los resultados PISA, cuestionamos los aprendizajes y exigimos permanentemente mejores resultados. Sin embargo, muchas escuelas, particularmente aquellas situadas en contextos de vulnerabilidad y precariedad, llevan años intentando construir respuestas flexibles con capacidades institucionales tensionadas en ámbitos tan amplios como convivencia, inclusión, salud mental y currículum. Exigirles más mientras simultáneamente se restringen los recursos humanos constituye una contradicción, o acaso una burla, difícil de sostener.
Decir que “el derecho a la educación no es la obligación de emplear” simplifica hasta deformar el problema. La discusión no puede reducirse a cuántos funcionarios puede recortar el sistema, sino a qué capacidades necesita una escuela para cumplir aquello que como sociedad le exigimos. Espero que este ajuste sea corregido y que las próximas decisiones estén a la altura de una responsabilidad mucho mayor: fortalecer la educación pública y dignificar a quienes la sostienen cotidianamente.
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