Generar empleo exige inversión, pero también identificar dónde existen capacidades para contratar y qué condiciones permitirían activarlas. En la discusión sobre cómo ampliar las oportunidades laborales en Chile, debemos mirar a los sectores que pueden aportar puestos de trabajo formales sin requerir financiamiento fiscal directo. La industria de externalización de procesos de negocios, conocida como BPO, es uno de ellos.
Según estimaciones de la industria, el sector podría generar 30.000 nuevos empleos en cinco meses si se establecen condiciones que favorezcan la contratación local y la expansión de las operaciones en Chile. Es un potencial que merece ser evaluado como parte de la agenda de empleo, con compromisos concretos y mecanismos que permitan verificar sus resultados.
El plan gubernamental Chile Despega abre una oportunidad para incorporar esta perspectiva. La propuesta es complementar el esfuerzo público con la capacidad de contratación del sector privado. La pregunta es cómo transformar esa capacidad en oportunidades efectivas para quienes buscan trabajo.
Hoy, la industria BPO genera cerca de 30.000 empleos directos en el país y, según estimaciones sectoriales, entre el 60% y el 70% de su dotación corresponde a mujeres. Los servicios de atención de clientes, soporte y gestión de consultas ofrecen una puerta de entrada al empleo formal para personas con enseñanza media completa, sin exigir necesariamente estudios superiores. Esa característica tiene un valor especial para una política que busque ampliar la participación laboral.
Sin embargo, contratar es solo el comienzo. Una agenda sostenible debe incorporar formación en comunicación, herramientas digitales, resolución de consultas y uso responsable de tecnologías. El objetivo debe ser que las personas accedan a un trabajo y cuenten con posibilidades de desarrollarse dentro de la industria. La competitividad y la calidad del empleo deben avanzar juntas.
Este planteamiento fue presentado ante la Comisión de Economía del Senado, en el marco de la discusión del proyecto sobre subcontratación de teleoperadores fuera del territorio nacional. El debate legislativo ofrece una oportunidad para analizar qué condiciones favorecen que las empresas mantengan y amplíen sus operaciones en Chile. Para ello, es necesario evaluar las medidas por sus efectos sobre la contratación, la inversión y la calidad de los servicios.
Una mesa de trabajo entre el Ejecutivo, el Congreso y representantes de la industria permitiría identificar barreras, acordar acciones y dar seguimiento a los resultados. La estimación de crecimiento debe traducirse en una hoja de ruta verificable, con responsabilidades y plazos.
Chile necesita aprovechar las capacidades disponibles para crear empleo. El sector BPO puede contribuir a ese esfuerzo. Convertir ese potencial en contratación formal requiere una coordinación que permita a las empresas crecer y a más personas acceder a oportunidades laborales.
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